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Protocolo anti ‘‘bullying’’
EL SUICIDIO en septiembre del pasado año de un joven alumno de un instituto de enseñanza media de Hondarribia sacó a la luz pública de la actualidad el tema del maltrato entre escolares, un fenómeno que ha existido siempre, pero al que en Euskadi y en el Estado español no se le había prestado la debida atención hasta entonces. Este trágico caso de ‘‘bullying’’, palabra inglesa con la que se denomina este tipo de acoso entre iguales, despertó la sensibilidad social y en especial la de todos los agentes que intervienen en el proceso educativo, quienes, al menos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, actuaron con diligencia para determinar el alcance del problema y la propuesta de soluciones.
UN RECIENTE ESTUDIO efectuado entre la población escolar vasca de entre 12 y 16 años de edad sitúa la tasa de ‘‘bullying’’ en torno a un 3,7%. Los datos de este informe, complementados con los de otros más concretos que se realizan en estos momentos, más las denuncias y sugerencias recibidas sirven de base para un diagnóstico lo más acertado posible de este mal social y para la aplicación, en el futuro inmediato, de una serie de medidas adecuadas para combatirlo. A este respecto, la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Anjeles Iztueta, anunció ayer la elaboración de un protocolo, pionero en el Estado, que permitirá una actuación estandarizada y coordinada de todos los centros educativos y con los servicios externos que trabajan en este campo. En el mismo se contempla una serie de medidas preventivas, disciplinarias y de protección a las víctimas que se pondrán en práctica a corto y medio plazo. Un conjunto de acciones que se suman a las iniciativas de carácter formativo dirigidas a los profesionales y al envío de material informativo a todos los centros, padres y profesores, con pautas para detectar si sus hijos o alumnos pueden ser víctimas, agresores u observadores pasivos de maltrato escolar físico o psicológico. Los cincuenta expedientes abiertos este curso por la inspección vasca de Educación muestran la gravedad del problema, más si se tiene en cuenta que el silencio de los afectados impide descubrir muchos otros casos. Resulta evidente, pues, la necesidad y urgencia de una intervención coordinada de todos los agentes para frenar este tipo de comportamientos intimidatorios |
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