El fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo pedirá 2.788 años de cárcel para cada uno de los dos presuntos miembros de ETA que, supuestamente, trataron de atentar la Nochebuena de 2003 en la estación madrileña de Chamartín, mediante la colocación de dos maletas-bomba en un tren que salía ese día de Irun.
Los acusados habrían colocado también dos artefactos explosivos en dos líneas férreas de la Comunidad de Aragón. Por ello, en el juicio, que se celebrará a partir del jueves en la Audiencia Nacional, Gordillo solicitará también que los dos acusados -Gorka Loran Lafoucarde y Garikoitz Arruarte Santa Cruz- sean condenados a pagar conjuntamente 62.403 euros por los daños causados esos explosivos en las vías de Renfe de Aragón.
Lo elevado de la pena que pide el fiscal, en sus conclusiones provisionales, se debe a que considera a ambos procesados autores de 184 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa, dado que ese día en el tren viajaban 180 personas y cuatro empleados de Renfe «que de haberse producido la explosión hubieran perdido sus vidas».
Un día antes de que comience el juicio, y en relación con esta causa, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá si abre o no diligencias informativas al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por una posible revelación de secretos de sumarios sobre ETA en su libro de memorias "Un Mundo sin miedo", en el que afirma que no se pretendía provocar una matanza en el citado tren. |