El Nuevo Relator Especial para la Tortura de Naciones Unidas, Manfred Nowak, ha presentado el último informe ante la Comisión de Derechos Humanos en su 61 periodo de sesiones en Ginebra, Suiza. En él, se recogen trece casos de ciudadanos vascos que habrían sido torturados durante el año 2002 y 2003, e incluye un llamamiento urgente al estado español sobre las circunstancias de la detención de Mikel Aiensa Laborda, Jon Otegi Eraso, Harkaitz Melchor Hoces, Aingeru Cardaño Reoyo, José Miguel Etxeandia Meabe, Joseba y Eneko Compains Silva, Jordi Purtí Planell y Garikoitz Arruarte Santacruz.
Además, el Relator notificó al Gobierno español conjuntamente con la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer las causas y consecuencias de la detención de Aiala Marike Arbeo, Naiara Mallabia Sánchez, Ana López Barrio y su compañero Roberto Saiz Olmos. En todos los casos, se recogen detalladamente las circunstancias de la detención así como las alegaciones de
torturas hechas públicas por los detenidos.
También es la primera vez que el Relator menciona casos de torturas en el Estado francés, concretamente en referencia a Lander Fernández Harrinda, Garazi Aldana, Ibon Fernández Iradi y Patxi Abad Urkijo. En estos relatos se mencionan golpes por todo el cuerpo, estirones de pelo, amenazas, insultos, etc.
Libertad de expresión
Por su parte, el Relator para la Libertad de expresión, Ambeyi Ligabo, hizo público su informe en el que se da cuenta de una comunicación urgente en relación a la «operación del 20 de febrero de 2003 cuando la Guardia Civil, habilitada por un juez de la Audiencia Nacional habría procedido al cierre cautelar del diario vasco ‘‘Euskaldun Egunkaria’’ y a la detención de diez personas relacionadas con él». Ligabo añade que «todos los detenidos habrían sido puestos en régimen de incomunicación en virtud de la legislación antiterrorista y llevados a la Audiencia Nacional en Madrid». Del mismo modo, relata en su informe que «el ex director del periódico, Martxelo Otamendi, habría interpuesto demanda en junio de 2003 por torturas y malos tratos como consecuencia de su detención e incomunicación tras el cierre del diario». El Relator menciona que «además se habría tendido establecer una serie de medidas cautelares prorrogadas como la congelación absoluta de todas las actividades profesionales, mercantiles y laborales del diario». En sus observaciones, el relator lamenta que a la conclusión del informe no había recibido «respuesta». |
