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06-04-2005
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Estatua
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La Comisión de Justicia e Interior, a favor de anular la reforma del anterior Gobierno
José Luis B. Benayas Madrid
PREVISIBLEMENTE, el Pleno del Congreso aprobará la derogación de las penas de cárcel por convocatoria de referendos ilegales tras rechazar ayer todos los grupos en la Comisión de Justicia e Interior las siete enmiendas del Partido Popular, que pretendía mantener los artículos del Código Penal que, entre otros aspectos, castigarían con penas de 3 a 5 años a quien promoviera una consulta no avalada por el Estado.

Mientras Ignacio Astarloa, portavoz ‘‘popular’’ de Justicia, defendió la actual regulación porque «los tipos penales no criminalizan las ideas» y basó la defensa de las medidas del Gobierno Aznar en que ahora «existe la certeza rotunda de un desafío», el resto de grupos opinó que hay mecanismos jurídicos suficientes, al margen del Código Penal, para sancionar estas convocatorias ilegales si se produjeran.

La diputada Margarita Uria, del Partido Nacionalista Vasco, explicó que una reforma del Código Penal «nunca debe ser modificada atropelladamente o saltándose el trámite en las dos Cámaras». Incluso quiso ir más allá, y respecto a las alusiones continuas a la propuesta de reforma del Estatuto de Gernika, subrayó que se trata de «un debate político que no debe estar incurso en ninguna norma». Uria criticó la forma de proceder del gobierno de Aznar, que aprobó la reforma del Código Penal con el objetivo de «frenar un proyecto político».
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