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Premio para el incumplimiento
RESULTA CURIOSO, por llamarlo de alguna forma, que el incumplimiento de una Ley Orgánica, como lo es el Estatuto de Gernika, sirva de argumento jurídico para limitar la capacidad de decisión del Ejecutivo vasco, que sale así doblemente perjudicado. Esta paradójica y absurda circunstancia es el fundamento principal del fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anula la orden del Gobierno de Gasteiz que regulaba la concesión de ayudas para subvencionar los desplazamientos de los familiares de los presos vascos que cumplen condena fuera de Euskadi. El Alto Tribunal estima que la orden del Departamento de Justicia invade las competencias en materia penitenciaria que corresponden al Estado. Competencias cuya transferencia ha sido reclamada reiteradamente desde hace nada menos que 25 años.
SON LOS EFECTOS, el premio inexplicable, del incumplimiento flagrante de dicha ley orgánica por parte de los partidos centralistas, PP y PSOE, que en estos días preelectorales retoman, representados por los candidatos Patxi López y María San Gil, el papel de defensores a ultranza del Estatuto de Gernika, como cínica respuesta a la propuesta de cambio que supone el Plan Ibarretxe que rechazaron en Madrid. Una desvergüenza política y jurídica con la que, al parecer, pretenden continuar durante otro cuarto de siglo frenando las legítimas aspiraciones de la mayoría de la sociedad vasca de un mayor autogobierno.
LA SENTENCIA añade matices legalistas sobre si en todo caso correspondería al Departamento Asuntos Sociales y no a Justicia la concesión de tales subvenciones, pero no entra a valorar la injusticia que supone para los familiares la política de dispersión de los reclusos vascos, al obligarles a recorrer miles de kilómetros para visitarles. Estrategia discriminatoria contraria a la apuesta por la reinserción de los países democráticos más avanzados en materia penitenciaria, que propugna el cumplimiento de las condenas en las cárceles más próximas al domicilio de los presos. El alejamiento representa un castigo añadido -y un riesgo grave de accidente- para cientos de personas que no han cometido ningún delito.
La sombra de las torturas
LA DENUNCIA de torturas en el Estado español es una constante en los informes de los organismos internacionales desde hace años. En el último presentado por el nuevo Relator Especial para la Tortura de la ONU ante la Comisión de Derechos Humanos se recogen trece casos de ciudadanos vascos que habrían sido objeto de esa práctica inadmisible durante 2002 y 2003. La mayoría de las alegaciones van dirigidas contra la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero también contra la Ertzaintza, y, por primera vez, el Estado francés. A diferencia del Gobierno español - que según el citado informe responde de forma ‘‘estereotipada’’, negando todo-, el Departamento vasco de Interior debería investigar a fondo la denuncia, comprobar si es anterior o posterior al Protocolo de protección a los detenidos puesto en marcha en abril de 2003 y actuar en consecuencia, para garantizar la eficacia de dichas cautelas legales. |
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