Los últimos Gipuzkoa ha sido el último territorio en ceder la competencia tras hacer un completo seguimiento del servicio
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«Las víctimas están recibiendo la misma atención inmediata y de calidad que antes»
Mari Carmen Marín
Diputada foral
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EL ASESORAMIENTO jurídico a personas que sufran o hayan sufrido algún tipo de violencia doméstica, malos tratos o agresiones sexuales ha pasado a ser una responsabilidad del Gobierno vasco que corre además con los gastos de este servicio, que hasta el pasado mes de diciembre prestaba el departamento para los Derechos Humanos, el Empleo y la Inserción Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Así lo explicó ayer la responsable de este departamento, la diputada Mari Carmen Marín, en una comparecencia celebrada en Juntas Generales de Gipuzkoa, a petición del grupo socialista, y en la que estuvo acompañada por la directora de Inserción Social y Empleo, Itziar Martínez de Apellaniz.
Marín explicó que Gipuzkoa ha sido el último territorio de la CAV en delegar esta competencia, que ya venía acometiendo el Gobierno vasco, «para evitar duplicidades» y garantizar así un servicio integral. Se ha hecho, explicó, tras asegurarse el departamento foral, a través de un minucioso seguimiento que ha durado casi un año, de que todo sigue funcionando correctamente, prestando el mismo servicio de «atención inmediata y de calidad a las víctimas» que se venía ofreciendo. Algo que no ha hecho ninguna otra Diputación, según apuntó, que han cedido el "testigo" automáticamente.
Sin diferencias
De hecho, los usuarios de este servicio, víctimas de agresiones físicas y sexuales, no deberían de notar diferencia alguna. Los casos siguen y seguirán atendiéndose desde los propios Servicios Sociales de los ayuntamientos que los derivan al personal especializado del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, tal y como sucedía hasta ahora. La única diferencia es que el servicio estará coordinado y financiado por el departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco y no por la Diputación de Gipuzkoa.
La institución foral seguirá atendiendo y costeando, sin embargo, el coste de aquellos expedientes que «ya estaban iniciados» porque, según explicó Marín, «creíamos importante que pudieran seguir con las mismas personas que les estaban atendiendo». Como muestra señaló que, pese al cambio, el departamento ha destinado un 3% más de recursos económicos a este servicio.
El resto de casos se atenderán en virtud al nuevo convenio firmado entre el Gobierno vasco y los tres colegios de abogados de la CAV que, según explicó, «se han comprometido» a destinar los medios humanos y materiales necesarios para atender el asesoramiento y defensa jurídica «integral» de las víctimas de violencia doméstica y agresiones sexuales, sin ningún coste para estas personas.
El Gobierno vasco se compromete, además, a financiar los gastos de formación de los profesionales encargados de atender a las víctimas de maltrato o agresión sexual para asegurarse un buen y correcto asesoramiento desde el primer momento.
Además, el convenio contempla la creación de un servicio de Asistencia Jurídica y Turno de Oficio a implantar en el Colegio de Abogados de Gipuzkoa (también en Bizkaia y Araba), apuesta por incrementar medios de protección a las víctimas y por implantar un servicio jurídico «integral» destinando todos aquellos medios humanos y materiales necesarios, que pasan por la asistencia letrada a las víctimas, los turnos de oficio (penal y de familia) o la prestación de un asesoramiento jurídico en todos los casos, se vaya o no a interponer una denuncia contra el agresor, según señaló Marín, quien respaldó su afirmación con una declaración formal del Gobierno vasco que señala que se están atendiendo «todos los supuestos» .
Todas las situaciones
De esta manera, Marín desmintió a la portavoz socialista, Susana García Chueca, que dijo tener constancia, al menos en Donostia, de que con el cambio sólo se ofrece este asesoramiento en los casos en los que la mujer agredida tiene intención de denunciar los hechos y en ningún otro.
La tesis de la juntera y edil socialista en Donostia fue rebatida también por la directora de Inserción Social y Empleo, Itziar Martínez de Apellaniz, quien señaló que «hemos mantenido la prestación del servicio de asesoramiento jurídico hasta tener la entera seguridad» de que el Gobierno vasco se había hecho cargo de todos los supuestos y tras comprobar que no existen «lagunas sin cubrir».
Del mismo modo, Apellaniz señaló que no les ha llegado «ninguna queja» pero que si existiera algún caso puntual que no haya sido atendido, el propio Gobierno vasco es el mayor interesado en conocerlo ya que «está pagando un dineral por este servicio», por lo que invitó a la juntera socialista a interponer una reclamación formal.
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Los Servicios Sociales de todos los ayuntamientos de Gipuzkoa son conocedores del cambio a través de la propia Diputación. Con denuncia y sin denunciaLa asesoría se presta por igual se vaya a presentar, o no, denuncia contra el maltratador. Se pretende así cubrir todos los flancos y encaminar a la víctima sea cual sea su situación.
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