Los miembros de la Mesa del Parlamento vasco Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, acusados de un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial al negarse a disolver a Sozialista Abertzaleak, solicitaron ayer la recusación de los tres magistrados de la Sala que debe juzgarles -el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Ruiz Piñeiro, Antonio García y Roberto Saiz-, y pidieron la suspensión de la causa.
En su escrito, presentado ayer ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), los procesados afirman que el auto en el que la Sala admitió el recurso de Manos Limpias contra el archivo de la causa contiene «valoraciones sobre los hechos y apreciaciones jurídicas sobre los mismos que comprometen la imparcialidad del tribunal».
En concreto, citan hasta catorce ocasiones en las que, a su juicio, los miembros de la Sala «toman posiciones sobre la causa que resultan sustancialmente idénticas a las que son propias de un juicio de fondo, que vienen hasta en varios casos enfatizadas con la expresión "rotundamente" y en las que se anticipa el pronunciamiento final de la causa que van a tener que juzgar».
Además, la defensa de los parlamentarios argumenta en su solicitud que su conducta «no es delito» y está amparada por «la inviolabilidad parlamentaria».
Los tres encausados solicitan también la suspensión de la causa por «una cuestión prejudicial» en referencia a la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional de sendos recursos de amparo contra autos del Supremo que pretendieron anular acuerdos adoptados por sendos órganos parlamentarios. En su opinión, este hecho obliga a paralizar las actuaciones en el TSJPV hasta que se pronuncie el alto tribunal.
En su escrito de recusación, la defensa anuncia la presentación, en próximos días, de un nuevo recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el auto de apertura del juicio oral «por vulnerar la inviolabilidad parlamentaria».
Inviolabilidad
En su escrito, la defensa niega el relato de los hechos efectuado por el sindicato de funcionarios públicos, Manos Limpias, y recuerda que sus actuaciones, «desarrolladas en el ámbito del ejercicio de la iniciativa legislativa y el debate y la votación en sesiones de órganos parlamentarios» están, «indudablemente», amparadas «por la inviolabilidad parlamentaria».
También rechaza que lo ocurrido puede catalogarse «como un presunto delito de desobediencia» y alegan como pruebas ante la sala tanto las propuestas por la acusación como por el Ministerio fiscal. Además, solicitan la declaración del entonces miembro de la Junta de Portavoces Antton Morcillo y la lectura de más de 150 pasajes de la instrucción contenidos en los VII tomos que la recogen.
Entre ellos se incluyen los tres informes de expertos en derecho constitucional que, según la defensa, coinciden con la posición de los tres encausados, así como el del ex fiscal general del Estado Jesús Cardenal, «que suscribe, punto por punto la argumentación jurídica de los tres miembros de la actual mesa del parlamento».
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