El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska interrogará la próxima semana a siete miembros del PCTV como imputados, tres de ellos por integración en banda armada y los otros por colaboración. Asimismo, Marlaska actúa contra el secretario general de LAB, Rafa Díez, al que en otro auto le imputa «pertenencia a ETA». Rafa Díez había denunciado escuchas ilegales contra su persona. En concreto, reveló que su teléfono estaba intervenido. Díez declarará el día 12 de este mes en el marco del sumario 35/02.
Los interrogatorios se hacen en el marco de las investigaciones a EHAK por haber presuntamente puesto su organización política a disposición de la organización armada ETA.
Según informaron fuentes jurídicas, el juez ha citado para el próximo miércoles, día 7, a los tres miembros del equipo de comunicación del EHAK-PCTV -Juan José Petrikorena (ex responsable de comunicación de Batasuna), Peio Gálvez y Joseba Zinkunegi- para tomarles declaración bajo la imputación de un delito de integración en banda armada. Al día siguiente, el jueves 8 de septiembre, Grande-Marlaska interrogará a los cuatro promotores de este partido -Juan Carlos Ramos Sánchez, Aritz Blázquez Díez, Javier Ramos Sánchez y Juan Manuel Rodríguez Hernández- a los que imputa un delito de colaboración con organización terrorista.
Dado que la Audiencia Nacional carece de competencias para investigar a aforados, ninguno de los miembros de EHAK que han sido citados a declarar ejercen como diputados de ese partido, que cuenta con nueve escaños en el Parlamento vasco.
El pasado 12 de julio, Grande-Marlaska acordó investigar a EHAK por un supuesto delito de colaboración con organización terrorista, al admitir a trámite, en contra del criterio de la Fiscalía, la querella que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) interpuso contra varios miembros de ese partido por haber supuestamente facilitado sus listas electorales a la ilegalizada Batasuna en las pasadas elecciones vascas.
En aquella resolución, el juez estimaba que EHAK pudo favorecer «las pretensiones de ETA de instrumentalizar las instituciones democráticas en beneficio de sus fines ilícitos», señalaba Grande-Marlaska. No obstante, rechazó dictar la suspensión de actividades del partido, solicitada por la AVT, por considerar que esa medida cautelar, «devendría aventurada y precipitada», aunque advertía que podría acordarla en el futuro. |
