El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, dijo ayer que el Gobierno estudiará un protocolo aprobado por la Universidad del País Vasco (UPV) que afecta a los presos de ETA con el objeto de iniciar acciones legales y evitar que se conculque la Ley penitenciaria.
En una rueda de prensa tras presentar el nuevo modelo de Oficina Judicial, el ministro recordó que el Gobierno había tomado la iniciativa de iniciar acciones legales contra administraciones públicas o universidades que pretendan incumplir la Ley General Penitenciaria en materia de acceso de estudios a condenados por terrorismo.
En este sentido, recordó que ya se hizo por parte de la Abogacía del Estado el pasado mes de junio al impugnar un protocolo de la UPV que permitía cursar estudios a presos de la organización armada encarcelados en Francia.
En el mismo sentido se manifestó el secretario de Educación del PP vasco, Santiago Abascal, al pedir a la Fiscalía del Estado que tome medidas para impedir que la UPV vuelva a admitir a los presos de ETA, «en contra de la normativa vigente que impide a los presos estudiar en otra universidad que no sea la UNED». Abascal considera que, en caso de no tomarse medidas, «nos encontraríamos con una concesión más del Gobierno de Zapatero a la banda terrorista ETA». Todavía más, el portavoz del PP llegó a asegurar que «si la Fiscalía no actúa con contundencia y agilidad podríamos estar ante una instrumentalización más del Ministerio Fiscal para hacer avanzar la agenda de Zapatero en su rendición ante los terroristas».
Pérez: «mentira interesada»
Por su parte, el rector de la UPV, Juan Ignacio Pérez, en un artículo de opinión publicado hoy en DEIA, tacha de «indignidad» y de «total y completa mentira» todas las informaciones procedentes de medios no vascos que acusan a la institución académica que preside de desafío a la legalidad española. Juan Ignacio Pérez, explica que el citado protocolo «no afecta hoy por hoy a las personas reclusas en las instituciones penitenciarias españolas» y que siempre han demostrado un «escrupuloso respeto a la legalidad». |
