El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de Cooperación al Desarrollo, que servirá para clarificar los principios, objetivos e ideas de la cooperación vasca al desarrollo, al tiempo que regulará el régimen jurídico de las actuaciones que en materia de cooperación al desarrollo realizan las Administraciones Públicas y las ONGs.
Según explicó ayer el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Javier Madrazo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que estuvo acompañado por la portavoz del Ejecutivo autonómico, Miren Azkarate, esta iniciativa ha sido «muy anhelada y demandada», máxime teniendo el cuenta «el importante volumen de recursos que el Gobierno vasco destina a este fin».
Madrazo indicó que en 2004 el Ejecutivo dedicó 32 millones de euros a la cooperación al desarrollo, cantidad que se incrementa «año tras año», por lo que hace falta «un marco normativo estable de carácter legislativo», ya que hasta este momento se ha funcionado con decretos anuales.
Consenso social
Tras asegurar que el proyecto de ley «goza de un importante consenso social» tras un proceso participativo, manifestó su deseo de que este consenso «se traduzca al plano político» y que en el Parlamento vasco se pueda alcanzar un «gran consenso político que permita aprobar esta ley».
Con respecto al proyecto en sí, indicó que plantea que todas las iniciativas de cooperación para el desarrollo responderán al principio de solidaridad desinteresada; respetarán la identidad y cultura de los pueblos receptores de la ayuda, e incluirán la perspectiva de género debido a las diferentes situaciones y necesidades que tienen las mujeres respecto a los hombres en los pueblos del sur.
«El objetivo central de la cooperación vasca al desarrollo no es otro que el de erradicar la pobreza, al tiempo que pretendemos fomentar el desarrollo de las personas y de los pueblos receptores de la ayuda para que sean sus gentes, los empobrecidos del sur, los auténticos protagonistas de su lucha en favor de la paz, de la libertad y de la igualdad de oportunidades», explicó.
Agencia
Este proyecto de ley establece también que los cooperantes que acudan a los países del sur en calidad de personal voluntario o profesional pasarán a servicios especiales en la Administración, con lo que tendrán reserva de plaza a su vuelta y el tiempo de cooperante computará a efectos de antigüedad laboral. Por último, el proyecto de ley allana el camino para aprobar en un futuro una Ley de Constitución de una Agencia vasca de Cooperación al Desarrollo, para mejorar la gestión y eficacia de los diferentes programas e iniciativas de cooperación al desarrollo.
Los grupos de especial atención en esta ley serán los pueblos indígenas, las personas refugiadas y desplazadas, las mujeres, la infancia y otros grupos de personas que se encuentren en situación de grave precariedad por motivo de su exclusión social. |
