Ion Mikel Abellanal, responsable de Acción Sindical del sindicato vasco de transportistas Egas, defendió ayer la necesidad de un acuerdo entre todas las partes involucradas para «limitar la competencia» dentro del Puerto de Bilbao.
Los responsables de esta organización comparecieron ayer en rueda de prensa en Bilbao para exponer su opinión sobre la polémica creada tras conocerse que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ve indicios de delito en la actuación del sindicato de transportistas autónomos Sintrabi, al sostener presuntamente un sistema irregular de contratación de camiones en el puerto de Bilbao en el que supuestamente imponen las tarifas y quiénes pueden trabajar.
Abellanal reconoció la existencia de un sistema «regulador» pero aseguró que no está en manos de los transportistas, sino de las empresas consignatarias y las agencias de transportes, ambas comisionistas, que, con la ayuda de la «cúpula corrupta de algún sindicato» -en referencia a Sintrabi-, son las que realmente «están ganando muchísimo dinero con ello».
Explicó que este sistema se creó para «garantizar el trabajo» de los camioneros que actuaban en el puerto, una vez que en 1994 desapareció el sistema de tarifas mínimas y contingentación de las autorizaciones. El sistema que rige en el puerto se basa, a grandes rasgos, en la existencia de un listado de transportistas que pueden actuar dentro del puerto y en un reparto de las tarifas acordadas entre el transportista, las comercializadoras y las denominadas «navieras» (consignatarios, transitarios...).
Este sistema, según explicó Abellanal, ha contenido el crecimiento de la oferta de camiones dentro del puerto de Bilbao, que ha crecido desde 1994 en torno al 30%, mientras que fuera de él se ha disparado hasta el 93%.
Esto ha generado, según Egas, un efecto «contraste», que hace que el número de camioneros interesados en comprar una «plaza» en el puerto de Bilbao haya hecho subir los precios de ellas hasta cerca de los 80.000 euros.
El sistema, «legítimo» según Egas, que ha funcionado desde 1994 se ha puesto en entredicho, a juicio de esta organización, «por la corrupción sindical y los desmanes de las agencias contra los transportistas», que, según este sindicato «van a por todo».
Ahora son las agencias «las que reparten el trabajo a su antojo», de forma que hay transportistas que facturan el doble que otros, sometidos a lo que denominan «banquillo». «Con la amenaza de pasar por el banquillo, las agencias rebajan precios a los transportistas que luego no pueden repercutir a los usuarios», asegura Egas.
Además, según Egas, «cada cesión de plaza tiene que dejar una comisión de entre 9.000 y 12.000 euros a la agencia para que ésta acceda a cargar al sustituto».
En todo caso, Egas considera legítimas estas cesiones: «si un gobierno puede comprar derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ¿por qué se cuestiona que un transportista compre camión con trabajo y facturación estable?».
Abellanal defendió la necesidad de llegar a un nuevo acuerdo entre todas las partes implicadas y reconoció que este pacto debía «limitar la competencia» entre los transportistas dentro del puerto como forma de defender la situación de quienes ya están dentro de él. «No puede ser -puso como ejemplo- que se reparta entre 4.000 camiones el trabajo y el beneficio que ahora hacen 2.000». |
