El presidente del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, confió ayer en que el nuevo Estatuto aprobado en la Cámara catalana el pasado viernes «sea respetado íntegramente» en el Congreso de los Diputados porque «se adapta al marco constitucional» y está «avalado» por el Consell Consultiu y el Institut d’Estudis Autonòmics.
En una entrevista a "Catalunya Informació", Benach explicó que «políticamente no se entendería» que no se admitiera a trámite el texto, tal y como reclama el PP, y recordó que Catalunya ha puesto una propuesta sobre la mesa «con ganas de sacarla adelante» y «tengo confianza en que será posible». «Estoy convencido de que no hay que tocar nada porque se adapta al marco constitucional», añadió.
Benach, que entregará el texto al presidente del Congreso del Congreso, Manuel Marín, el próximo miércoles, explicó que el Estatut llegará a Madrid para someterse a «debate» y no para «imponerse» y, respecto a las declaraciones de los dirigentes del PP, pidió «respeto para Catalunya» porque «se trata de una propuesta con un amplísimo consenso».
Acerca de las palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien el sábado comentó que habrá que introducir reflexiones sobre temas trascendentales del texto, Benach comentó que estas palabras «son de gran ambigüedad».
Sin embargo, insistió en que «es un texto que se puede repasar» pero «tiene garantías de constitucionalidad absoluta», por lo que confió en «una interpretación abierta y positiva» en el Congreso. «No han de tener tantas dudas ni tanto miedo con un texto que ha sido aprobado por el 90% de los diputados de Catalunya», añadió.
El presidente del Parlament explicó que el texto lanza «tres mensajes clave» a España: la identidad nacional, las competencias blindadas -«hemos hecho propuestas inteligentes»- y la financiación. Respecto a este último apartado, comentó que «Catalunya no puede seguir como ahora, yendo atrás como los tanques» y «más claro no lo podemos decir».
Acerca de la identidad nacional, Benach explicó que «nadie pone en duda que Catalunya sea una nación» y mostró su «esperanza» en que en España «lo entiendan».
El dirigente republicano, que espera que el texto se debata en el Congreso a mediados de noviembre, también quiso aclarar que la propuesta de Catalunya, que calificó como «una mano tendida» a España, no va «contra nadie», aunque remarcó que «no todas las comunidades somos iguales, y eso no es que haya mejores ni peores».
Estas afirmaciones del presidente del Parlament de Catalunya, se producen un día después de las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en las que avisaba que no habrá un «rechazo frontal» al Estatut pero que tampoco existirá una «aceptación sin más».
Tras las aprobación el pasado viernes por parte del Parlamento de Catalunya de la reforma de su Estatuto, el Gobierno español ha mostrado durante el pasado fin de semana que le preocupa más la amenaza a la unidad de mercado, la gestión de los aeropuertos o el sistema de financiación, que temas «simbólicos» como el pretendido estatus de nación.
Término nación
Para el Gobierno que dirige Rodríguez Zapatero, la confrontación que busca el Partido Popular se centra principalmente en el debate sobre el término «nación», algo que se cree que tiene un enorme potencial simbólico.
Fuentes gubernamentales aseguran que Rodríguez Zapatero tiene «muy pensada», pero también «muy guardada» la posible salida a este punto concreto.
En el Gobierno español piensan que la discusión sobre este punto acabará en acuerdo mediante enmiendas de una y otra parte para hacerlo compatible con el artículo 2 de la Constitución de 1978, el que habla de la indisoluble unidad de la nación española.
No obstante, Zapatero y su Ejecutivo están más preocupados por otros puntos del Estatut, ya que si consideran que colisionan claramente con la Constitución, tal es el caso de los relativos a la ordenación económica, la unidad de mercado, posiblemente la Seguridad Social y los aeropuertos, aunque en este último aspecto se considera razonable que se tienda hacia una gestión compartida.
Financiación
Rodríguez Zapatero identificó el sábado algunas de las cuestiones que han de modificarse en la propuesta de Estatuto, como la financiación, las competencias y la relación entre el Estado y la Generalitat.
En relación con la financiación, el Gobierno advierte de que si se impone el modelo de financiación que pretende el Estatut, habría riesgos muy serios para la financiación de Catalunya.
En cualquier caso, «por mucho que el Estatuto diga o quiera decir, o el Estado quiera imponer, al final el Tribunal Constitucional es el que decide», decían las fuentes consultadas.
Los trabajos de la Comisión Mixta Congreso-Parlamento de Catalunya, en el mejor de los casos, no acabarán antes de la primavera que viene, con lo cual la aprobación del mismo por las Cortes se daría en junio o septiembre y el referéndum de aceptación en noviembre de 2006.
Zapatero está convencido, según las fuentes citadas, de que si se logra finalmente un acuerdo para la reforma del Estatuto, se recibirá con total normalidad y no pasará nada, y destaca que prueba de ello fue la subida de las bolsas el mismo día en que el Parlamento catalán aprobó su propuesta. |