LA EMPRESA constructora de los dos bloques, 178 viviendas, de VPO de promoción municipal en Riberas de Loiola, Brues. S.A, quiso dar ayer su versión sobre la situación que se ha generado después de que saliera a luz pública que dicha empresa está firmando contratos con los adjudicatarios por importes superiores a los acordados por contrato con el Consistorio donostiarra.
Fernando Ramírez, de Brues, aseguró que el Ayuntamiento de Donostia está jugando a la política de «distracción» con este tema, dado que difícilmente puede imputar a la empresa los problemas surgidos cuando la misma tuvo que esperar hasta noviembre de 2003 y mayo de 2004 para pedir la calificación provisional de VPO al Gobierno vasco por causas únicamente imputables al Consistorio.
Ramírez recordó que si Brues no pudo solicitar tal calificación hasta 2004, cuando el contrato se se firmó en 2001 fue porque una de las parcelas sobre las que tenía que construir no era tan siquiera de titularidad municipal, lo que obligó al Ayuntamiento a realizar labores «reparcelación» antes de que Brues pudiera realizar el trámite. Pese a todo la empresa «no ha abusado», ya que en los contratos con los adjudicatarios tuvo en cuenta el valor estipulado en la catalogación del primer bloque, en 2003.
Además, señaló, Brues ha tenido que trabajar como «avanzadilla» y en solitario en el polígono para cumplir con sus compromisos, mientras que se han sucedido modificaciones varias desde rasantes a los planes vigentes.
Los precios de venta, añadió, son determinados por la calificación provisional de Gasteiz y el Ayuntamiento era conocedor de los mismos ya que autorizó la solicitud de préstamos de la empresa por tal cuantía.
Brues, aseguró, dispone de informes jurídicos para avalar su actuación al fijar los precios de los contratados firmados con 138 de los 178 adjudicatarios.
Además, según añadieron abogados y representantes de la empresa, dichos contratos cuentan con el visado de Gasteiz. Por contra, añadieron, el Gobierno vasco ha declinado realizar la calificación definitiva porque el entorno no está urbanizado y las 178 viviendas, «totalmente acabadas», no disponen de agua, luz ni gas, algo que según subrayaron no es en absoluto imputable a la empresa y sí al Consistorio, que en el contrato que asegura que Brues ha incumplido se comprometió a simultanear construcción y urbanización
«Las viviendas están acabadas, pero aquí no se puede entrar a vivir», declaró Ramírez, quien no ve posible que se ocupen las mismas antes de verano de 2006.
«Hemos tenido que autofinanciarnos porque no podíamos acudir al crédito al no ser la parcela de titularidad municipal y ahora, si no podemos entregar las casas, tendremos que pagar por vigilarlas porque están totalmente equipadas», añadió. La situación económica de la empresa, aseguró, es complicada y la gestión del Ayuntamiento «fatal», en un barrio en el que «ni se han encargado los proyectos de las plazas interiores».
Ramírez firmó que el Ayuntamiento ha ido entregando la lista de adjudicatarios a cuenta gotas, aunque el sorteo fue en noviembre de 2004, y que a la empresa le faltan 40 nombres para firmar contrato. Los adjudicatarios, incidió, no han puesto pega alguna a la firma del contrato en el que se comprometen a abonar el 20 % del coste total de la vivienda. |
