Media docena de los más reputados juristas en derechos humanos de Euskadi y del resto del Estado español han mostrado su «preocupación» por «la falta de garantías jurídicas» en la instrucción y juicio del sumario 18/98. Esta reacción se produce a escasos díasde que en la Audiencia Nacional comience la vista oral del macrojuicio 18/98 en el que 58 ciudadanos vascos ligados al entramado Orain, Xaki y Ekin, así como a la desobediencia civil vasca, deberán sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de colaboración con banda armada.
Según el recién nombrado director de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Jon Mirena Landa, la mutación interpretativa y el cambio de legislación en relación al delito de colaboración con banda armada, que normalmente estaba asociado a los hechos y responsabilidades penales individuales, «ha tendido a una incriminación genérica». Este hecho habría provocado, a juicio de Landa, una «perdida del núcleo central del Derecho Penal como instrumento que tiende a acotar las responsabilidades individuales», ya que en este caso, se está juzgando a una serie de personas por simpatía a unas determinadas ideas políticas. El director de Derechos Humanos del Gobierno vasco efectuó estas declaraciones en el marco de las jornadas por la defensa de los derechos civiles y políticos organizadas ayer en la UPV/EHU de Leioa por la Plataforma 18/98+. Junto a Landa compartió debate un ramillete de expertos juristas como Fermín Marceló, por parte del Ararteko, Juan Carlos Soto (Amnistía Internacional), Carlos Villán (ONU) o Genma Clavet, de la Asociación Catalana por la Defensa de los DD. HH., quien afirmó que en el juicio «habrá observadores europeos y catalanes». |
