Las frases
«Nuestro temor es que las cosas sigan como están y no se controle nada»
Pilar Gil
ATH-ELE
«Algunas empleadas han sido obligadas a costearse ellas mismas la Seguridad Social»
Liz Quintana
Portavoz
|
|
Una de cada dos cuidadoras internas de la CAV no puede salir de casa si no es su día libre, según recoge el último estudio de Emakunde hecho público ayer por la Asociación de Trabajadoras del Hogar (AHT-ELE). Otra cuarta parte sólo puede ausentarse entre una y dos horas y media al día.
La situación en la que se encuentran estas mujeres, la mayoría de ellas inmigrantes, fue calificada ayer por la portavoz del grupo, Liz Quintana, «de esclavitud, un sistema que va más allá de la explotación». "Trabajadoras de hogar y no esclavas" es el lema escogido por la asociación para la campaña, de un mes, que iniciaron con la presentación del estudio.
El documento constata que el 67% de las trabajadoras del hogar no cotiza en la Seguridad Social al carecer de contrato. Sin embargo, Quintana discutió la validez de una de las medidas anunciadas por el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, de asumir, la Administración, el pago de la Seguridad Social de las mujeres empleadas. Cuestionó que, esta iniciativa, «sólo empeorará la situación si no va acompañada de inspecciones de trabajo y un límite real en el horario de la jornada laboral».
Otro miembro del colectivo, Pilar Gil, añadió que «nuestro temor es que las cosas sigan como están y no se controle nada», en referencia al 77% de las trabajadoras a jornada completa que están trabajando más de 40 horas a la semana, a los empleos de cuidado nocturno con uno o sin ningún día de descanso semanal y a unas rebajas del salario -en muchos casos el equivalente del mínimo interprofesional, 513 euros- de hasta el 45% en concepto de manutención y alojamiento.
«Insistimos en la necesidad de una ley para el trabajo doméstico que reconozca los derechos laborales y unas condiciones dignas de trabajo», continuó Quintana, que incluyan el alta a la Seguridad Social, un contrato siempre por escrito, y a través de los servicios sociales, una jornada máxima de 40 horas a la semana, un salario acorde a las tareas que se contraten, la desaparición de los descuentos y la indemnización en caso de despido, como en el resto de los sectores.
La Asociación consideró su trabajo esencial ya que la capacidad de actuación de las empleadas es, en la mayoría de los casos, escasa. «Muchas carecen de papeles y las que han pasado por el proceso de regularización han sido obligadas a asumir ellas mismas el coste de la Seguridad Social, con la merma de sueldo correspondiente».
«El Gobierno vasco», concluyeron las integrantes, «tiene que controlar que los empleadores cumplan su obligación de dar de alta y que se fomenten unas condiciones dignas que no acarreen a la larga trastornos y enfermedades psicológicas para las cuidadoras». |
