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Unos vuelos siniestros
PESE A la VERGONZANTE condescendencia del ministro de Defensa español -presuroso por exculpar públicamente a Estados Unidos sin investigar nada-, el Gobierno de Zapatero tendrá que dar explicaciones en el Congreso sobre el turbio asunto de los presuntos vuelos y escalas en territorio estatal de aviones de la CIA que trasladaban supuestos colaboradores del terrorismo islamista con destino a los campos de concentración secretos instalados en países del este de Europa (algunos miembros de la UE), ya que varios grupos parlamentarios han solicitado la comparecencia del titular de Interior, José Antonio Alonso, del director del servicio de inteligencia español, Alberto Saiz, y del propio Bono. Izquierda Unida no descarta incluso la petición de una comisión de investigación.
LA OPINIÓN PÚBLICA exige aclaraciones convincentes sobre tales vuelos clandestinos; acerca de los cuales el Ministerio del Interior aseguró en julio ‘‘no tener conocimiento’’, pese a informaciones periodísticas previas y otras posteriores, más algún informe policial, que parecen confirmar la existencia de los mismos. El Ejecutivo del PSOE no puede seguir mirando para otro lado (la primera escala se produjo durante el mandato de Aznar) y debe investigar a fondo, aunque ello le suponga el complicar aún más sus malas relaciones con Washington. Ante una sospecha tan fundada de violación de los derechos humanos y de la legalidad internacional, un Estado soberano, civilizado y democrático debe reaccionar de forma enérgica, al igual que la UE, que tampoco muestra ninguna predisposición.
AUNQUE, a diferencia de Bono, en un primer momento Alonso calificó los hechos, de confirmarse, como ‘‘gravísimos’’ e ‘‘intolerables’’, ayer pedía prudencia y dejaba el tema en manos del ‘‘juez competente’’. Sea por la vía que sea, el Gobierno de Zapatero está obligado a actuar con absoluta celeridad y transparencia, para dejar constancia de su tolerancia cero con las demostradas prácticas inhumanas de Estados Unidos tras la inmoral ocupación militar de Irak. Que no quede sombra de sospecha de colaboración con los horrores de esa guerra absurda, en la que, además de los escandalosos casos de torturas, los invasores admiten que utilizaron armas químicas (fósforo blanco), pero de forma, dicen cínicamente, controlada.
Ponencia incompleta
LA INICIATIVA del Parlamento vasco para constituir un espacio de trabajo común de atención a las víctimas de la violencia no logró plenamente el objetivo de poner de acuerdo a todos los grupos parlamentarios. Superadas las discrepancia sobre si la denominación oficial debía incluir o no el término ‘‘terrorista’’, lo que sirvió al PP para desatar una absurda polémica (se llamará finalmente Ponencia Permanente de Víctimas), se entró en la cuestión clave de la delimitación real del ámbito de actuación de este órgano. La decisión de ceñirlo a las víctimas del terrorismo, entendidas como tal las de ETA, GAL, Batallón Vasco Español y afectados por la violencia de persecución, provocó la retirada de EHAK que, junto con Aralar, reclamaban que se abriese también a las denuncias por torturas y a los familiares de presos de ETA. Una ausencia importante, pese a la indisimulada alegría del PP. |
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