EL JUICIO a nueve presuntos dirigentes o miembros de los Grapo y del Partido Comunista de España reconstituido (PCEr) empezó ayer en un tribunal de París en medio de incidentes, puesto que la mayoría de los imputados fue obligada a abandonar la sala por la presidenta de la sala. Se trata de nueve personas detenidas en julio de 2002, en la segunda decapitación de la cúpula de la banda en Francia, y que están acusadas de asociación de malhechores con fines terroristas, delito sancionable con hasta diez años de cárcel, así como posesión de documentos falsos, entre otros cargos.
Entre los enjuiciados están el presunto jefe militar de los Grupos de Resistencia Antifascista del Primero de Octubre (Grapo), Fernando Hierro Chomón, de 60 años, y el supuesto responsable de los comandos, Marcos Martín Ponce, de 34. La vista comenzó con casi una hora de retraso y a la llegada de los acusados desde dos cárceles distintas se comprobó que faltaba uno de ellos , que se negó a pasar el preceptivo registro físico. Otros seis acusados fueron repartidos, por sexos, en cubículos protegidos a ambos lados de la sala, pero uno tras otro fueron obligados a abandonarla cuando interrumpieron a gritos el comienzo de la exposición de los hechos que hacía la presidenta del Tribunal.
Hierro Chomón encabezó la protesta al asegurar que desde hace días están en huelga de hambre para denunciar su desacuerdo con el proceso, por entender que «estamos sufriendo una represión. Nos tienen como en Guantánamo y así no puede haber una defensa justa». Su expulsión dio paso a protestas y similares argumentos críticos por parte de otros cinco acusados, que fueron maniatados por la Policía y sacados de la sala. |
