Otros países europeos también reaccionaron ayer a esta noticia. El Ministerio de Asuntos Exteriores noruego convocó a diplomáticos estadounidenses en Oslo para plantearles preguntas sobre supuestos aviones de la CIA que han sobrevolado su espacio aéreo o usado sus aeropuertos para trasladar en secreto a prisioneros sospechosos de terrorismo. Se interesaron particularmente por un avión, con número de identificación N50B, que aterrizó en el aeropuerto de Oslo en julio. La prensa noruega asegura que al menos cuatro aviones –dos de ellos con prisioneros árabes a bordo– sobrevolaron Noruega en misiones de la CIA. En Portugal, el Partido Comunista Portugués (PCP) y el Bloco de Esquerda (BE) pidieron al Gobierno que prohíba que el espacio aérea luso sea utilizado por aviones al servicio de la CIA para trasladar presos. Ambos grupos presentaron sus peticiones en el Parlamento y el PCP citó a una revista portuguesa, que sostiene que dos de los aviones utilizados por la CIA hicieron escala en Oporto. El diputado comunista Jorge Machado calificó de «aviones terroristas de la CIA» a los citados aparatos al cuestionar al Gobierno si se propone «impedir que el espacio aéreo portugués sea utilizado» por esos aparatos. Los comunistas portugueses también citaron a medios de comunicación españoles que informaron de que el CNI pidió formalmente a la CIA que deje de utilizar aeropuertos españoles para vuelos secretos. El diputado del BE, Fernando Rosas, mencionó en su intervención una «posible violación de la soberanía nacional y la utilización del espacio territorial portugués para el transporte de sospechosos para que sean interrogados y torturados».

«Con luz y taquígrafos»
En cuanto a España, fue el portavoz del grupo socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, el encargado de anunciar en el Congreso que «el Gobierno ha querido dar explicaciones no en una comisión secreta sino con luz y taquígrafos», porque «no hay nada que esconder», en relación a las supuestas escalas de aviones de la CIA en aeropuertos como el de Mallorca. La petición fue cursada después de que los grupos de IU-ICV, CC y Mixto reclamaran las comparecencias de los ministros del Interior y Defensa, José Antonio Alonso y José Bono, respectivamente, y del director del CNI, Alberto Sáiz, ante la comisión de gastos reservados del Congreso. Rubalcaba no aclaró si tras la comparecencia de Moratinos, serán aceptadas, en sesión secreta, las de Alonso, Bono y Sáiz, aunque sí remarcó que los grupos deberían «quedar satisfechos con las explicaciones del ministro de Asuntos Exteriores porque es quien más datos puede aportar sobre el asunto».