EL PARLAMENTO Europeo (PE) atendió ayer en parte las demandas de la industria y flexibilizó las condiciones para comercializar sustancias químicas previstas en un nuevo reglamento comunitario, con la excepción de las más nocivas, donde impuso un plazo de cinco años para buscar alternativas. La propuesta legal para el nuevo sistema de registro, evaluación y autorización de productos químicos (REACH en inglés), que afecta a unas 30.000 sustancias y mantiene en vilo a sectores tan diversos como los de cosméticos, plásticos o automóviles, busca prevenir los efectos perniciosos en la salud y el medio ambiente.
Para ello, introduce un principio revolucionario según el cual será la industria productora la que deba demostrar la seguridad de sus sustancias y no la administración pública la encargada de detectar a posteriori sus posibles riesgos. Tras dos años de tramitación y en medio de un despliegue sin precedentes de lobbys industriales, de un lado, y ecologistas y de consumidores, de otro, el pleno de la Eurocámara aprobó con una holgada mayoría -407 votos a favor y 155 en contra- su posición.
La norma también redujo la cantidad de información que los fabricantes, y en su caso las sociedades de importación, habrán de proporcionar al regulador y aumentó las exigencias de confidencialidad, algo que beneficia a las grandes compañías, reacias a compartir datos. |
