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18-11-2005
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Psoe y la apología de la legalidad
Endika Zapirain
Cada vez que se plantea una controversia política, el PSOE recurre a la Constitución del 78 o a decisiones de la judicatura
‘La política es el arte de lo posible’’… con este aserto, que se utiliza según convenga en cada caso, nunca he estado de acuerdo desde que era muy joven, tal vez mi propia estructura mental me hacía imposible admitirlo. ‘‘Arte de lo posible’’… implica una actitud conservadora, estática, ñoña, conformista, y de protección, previa, a las posibles carencias que se puedan presentar en el ejercicio de la responsabilidad y/o gestión política.

Esto choca frontalmente con una actitud de servicio, honesta y consecuente con los objetivos que se programan. Por eso, la política, si se considera arte, debe ser ‘‘el arte de hacer posible lo necesario’’. Winston Churchill -primer ministro británico entre 1940/1945 y 1951/1954 - decía: «No tiene sentido decir que lo hacemos lo mejor que podamos. Tienes que lograr hacer lo que es necesario». En este aspecto, Churchill tenía razón.

Efectivamente, la política en su conjunto debe responder a las necesidades que sienten, aspiran y manifiestan, de forma fehaciente, los ciudadanos/as en todas las áreas de la organi-zación social, cultural, política, económica... Que haga posible, permanentemente, la convivencia en Paz, Progreso y Solidaridad. Y no sólo respetando de forma exquisita, los derechos humanos de las personas -ciudadanos/as- de los grupos sociales, culturales, políticos y de todas clases, y de los Pueblos. Sino, propiciando e impulsando su desarrollo y cumplimiento efectivo.

No vale únicamente los enunciados: derecho a una vivienda digna, al trabajo, a la libertad de expresión, asociación; autodeterminación, a la decisión libre y democrática de los Pue-blos, grupos y espacios naturales donde viven y se desarrollan los ciudadanos/as; a no ser maltratado ni torturado, a juicios justos e imparciales, a ser encarcelados -en el caso que fuera necesario- cerca del domicilio, etc. Hay que hacer posible y viable estos Derechos. Esta forma elemental de entender la política tropieza con obstáculos importantes deriva-dos, principalmente, de intereses de los grupos fácticos, de objetivos electorales globales, y a la falta de voluntad política y convicciones democráticas profundas. Este último aspecto lleva al legalismo, a la obsesión por cumplir la ley. ‘‘Ley y orden’’ es lo primero que se plantean y que hay que salvaguardar, sin reparar si la ley es justa y respeta, exquisitamente, los derechos humanos, principios democráticos y la voluntad de los ciudadanos/as. Y si en general responde a las necesidades de la sociedad.

Derecho y legalidad

Éste es uno de los principales problemas que tiene el PSOE. Cuando me refiero al PSOE, me refiero, siempre, al conjunto, como no podía ser de otra forma, es decir, al tronco y a todas sus ramas/siglas que forman parte del mismo; es obvio, que las ramas se alimentan y dependen del tronco. Efectivamente, cualquiera puede apreciar que cada vez que se plantea una controversia política que no se ajusta a sus preferencias, prioridades o concepción de lo que sea, recurren a la ley, a la Constitución/78 o a decisiones de la judicatura en sus diferentes estadios. Como si la ley, la Constitución y las decisiones judiciales fueran dog-mas de fe democráticas y de Justicia, o, incluso, fueran pilares de la democracia y del respeto a los Derechos a los que nos hemos referido en la parte anterior. Nada más lejos de la realidad histórica y actual. No sólo en el Estado español, sino con frecuencia en los Estados de los denominados democráticos se infringen gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos/as con la ley -derecho positivo-. España es un ejemplo elocuente y lamentable de ello, porque se mantienen leyes permanentes que atentan, inequívocamente, contra los derechos básicos. -varias veces se han detallado los casos, que son obvios-.

Por otra parte, se emplea una Constitución elaborada por una comisión compuesta por franquistas y aspirantes a demócratas (algunos aspirantes, todavía no lo han conseguido después de veinticinco años…) en momentos muy especiales, como si fuese el no da más, cuando en realidad tiene innumerables lagunas conceptuales y de ordenamiento, como límite a cualquier planteamiento democrático que responda a las aspiraciones y decisiones de los ciudadanos/as y de los Pueblos que conforman.

El ordenamiento jurídico, sin duda, ha contribuido, como debe ser, a salvaguardar los derechos de las personas, grupos de todas clases e instituciones públicas y privadas. Pero al mismo tiempo ha sido, con demasiada frecuencia, sigue siendo, un factor de represión, de aniquilación de Pueblos casi enteros, de segregación racial, de limpieza étnica, de masacres de poblaciones, de limitación de las libertades, etc., etc. Todo ello, por impulso de los Parlamentos, Gobiernos y con el beneplácito de los Tribunales, según el derecho positivo.

Sólo enumerar los ejemplos, esquemáticamente, nos llevaría varias hojas de este periódico.

Por eso, sería deseable que los pesoístas se desmarcaran, con firmeza, de la derecha/extrema derecha, y dejaran de hacer ‘‘apología de la legalidad’’, del derecho positivo (ley vigen-te) y se preocuparan de ajustar las leyes a Derecho. Respetar los derechos humanos y principios democráticos en toda su dimensión y alcance, será la mejor forma de desprenderse de la estela pegajosa de la derecha/extrema derecha heredera del franquismo.
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