Tras las torturas en Abu Ghraib, la presunta existencia de cárceles secretas o el uso de fósforo blanco contra civiles, una nueva polémica sacude a Estados Unidos, ya que el Congreso y el Senado de este país han alcanzado un principio de acuerdo para hacer permanentes las medidas extraordinarias que se adoptaron tras el 11-S para mejorar la lucha contra el terrorismo. Las medidas de la llamada ‘‘Ley Patriótica’’, que expiraba en seis semanas, van a ser convalidadas y las más polémicas se van a prorrogar durante siete años.
El Congreso estadounidense aprobó la ‘‘Ley Patriota’’ poco después de los ataques terroristas de setiembre de 2001, y estipuló amplios poderes de investigación para el departamento de Justicia y las agencias de seguridad y espionaje. Algunas de esas estipulaciones tienen vigencia limitada y en el debate sobre su extensión o expiración los grupos defensores de los derechos civiles han denunciado que el Gobierno de Bush ha violado garantías constitucionales con sus investigaciones.
El acuerdo logrado ayer por los negociadores de ambas cámaras requeriría que el departamento de Justicia informe de forma más adecuada sobre sus solicitudes secretas de información sobre los ciudadanos. Pero también deja intactas algunas de las estipulaciones más controvertidas de la ley, como el acceso del gobierno a los registros de bibliotecas y librerías para verificar qué leen las personas sometidas a investigaciones secretas.
Los negociadores trabajaron hasta la madrugada del jueves, y una vez que firmen el pacto se requerirá la aprobación final de ambas cámaras en pleno, en votaciones que podrían tener lugar hoy mismo. El acuerdo representa un paso positivo para la administración del presidente George W. Bush que en los últimos tres meses ha sufrido varios reveses y ha registrado una caída sustancial de la popularidad.
La Unión de Libertades Civiles (ACLU por su sigla en inglés) calificó las modificaciones como «puro maquillaje», e indicó que no tocaron lo que esa organización considera como potenciales abusos en las investigaciones de terrorismo. «Este es un mal proyecto de ley», declaró el representante Jerrold Nadler, demócrata de Nueva York que es miembro del Comité Judicial de la Cámara baja. «Estos son cambios cosméticos que poco cambian la ‘‘Ley Patriota’’ que fue aprobada hace cuatro años». Cientos de ciudades en Estados Unidos han aprobado ordenanzas que restringen la aplicación, en sus jurisdicciones, de algunos aspectos de dicha ley, o que notifican abiertamente a los usuarios de las bibliotecas públicas que el gobierno federal puede revisar sus lecturas. |
