El gobierno vasco reclama el sobreseimiento de la causa abierta hace casi tres años contra el diario "Egunkaria". Consciente del respeto que merece la autonomía del poder judicial, la portavoz del Ejecutivo vasco aseguró que el archivo de la denuncia serviría para «acomodar la aplicación de la ley a la realidad social presente».
Miren Azkarate realizó estas declaraciones ayer, un día antes de la primera cita de los acusados ante los tribunales, dos años y nueves meses después del cierre cautelar del periódico. Hoy tendrá lugar la vista oral en Madrid en la que los abogados de los siete imputados defenderán el recurso de apelación.
La portavoz hizo hincapié, además, en que la clausura del único medio de comunicación que escribía íntegramente en euskera se realizó «sin evidencia alguna». «Hasta el momento nada se ha acreditado en la causa que convierta la acusación en certeza», recordó.
En su comparecencia en la sede de Lehendakaritza, Miren Azkarate no ahorró críticas para el Partido Popular. Y es que, a juicio del Gobierno vasco, el proceso abierto contra "Egunkaria" se enmarca en «un impulso político» del Ejecutivo de Aznar que «trascendía la potestad de orientar la política criminal a través del Ministerio Fiscal». «Se actuó, tanto en éste y como en otros casos, en base a acusaciones sin prueba», insistió.
No en vano, el sobreseimiento y posterior archivo de la denuncia ayudaría a «corregir un impulso político que nunca debió darse».
A juicio del tripartito que sustenta el Ejecutivo de Lakua, el caso de "Egunkaria" es un ejemplo de la política llevada a cabo por José María Aznar. «Un tiempo en el que se instrumentalizaron los diferentes poderes del Estado en beneficio de una estrategia partidista de gobernar en contra de Euskadi y de condicionar políticamente y de forma antidemocrática las actuaciones del poder judicial», consideró la portavoz.
Igualar lo vasco a ETA
«Todo lo vasco es sospechoso de connivencia con ETA, mientras no se demuestre explícitamente lo contrario». Es la tesis que promovió el Partido Popular durante su mandato, tal y como lamentó ayer Miren Azkarate, quien recriminó que Aznar y su gobierno actuaron «desde prejuicios derivados de un ámbito extrajudicial, prejuzgando no ya a personas, sino a una entidad, desde la presunción de culpabilidad».
No quiso obviar tampoco la importancia de que, precisamente la entidad juzgada fuera un medio de comunicación. En este sentido, la portavoz del Gobierno de Gasteiz recordó que «en la propia filosofía política, los países democráticos requieren pruebas contundentes para actuar contra la prensa, que simboliza la libertad en sí misma».
«Es significativo que el procedimiento no se tramitara desde las previsiones constitucionales sobre medios de comunicación, que no han sido utilizadas nunca en la reciente historia democrática del Estado español, sino desde el atajo de acusaciones de colaboración con el terrorismo», denunció. |
