LA COMISIÓN EUROPEA dará mañana un paso más en contra de las "vacaciones fiscales" vascas, que permitieron a empresas de reciente creación hasta finales de 1994 beneficiarse de una exención del impuesto de sociedades durante diez ejercicios. La intención del Ejecutivo comunitario, a propuesta de la comisaria de Competencia, la holandesa Neelie Kroes, es denunciar ante el Tribunal de Justicia de la UE al Estado español por no haber recuperado estas ayudas, pese a los requerimientos realizados durante los últimos años.
La noticia fue avanzada el pasado 12 de diciembre por el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, durante unas jornadas sobre el XXV aniversario del Concierto Económico vasco celebradas en Donostia en las que participó, junto al lehendakari y el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes. Ayer, la reunión de jefes de gabinetes de los comisarios confirmó la inclusión de esta decisión en la agenda del colegio de comisarios, que celebrarán mañana la última reunión semanal del año antes del parón navideño. «Sí, el expediente está en la agenda del colegio de comisarios», señalaron desde la Comisión Europea.
«Básicamente, el caso se refiere a que las autoridades españolas no han recuperado las ayudas que fueron declaradas ilegales en diciembre de 2001», explicaron ayer fuentes del Ejecutivo comunitario sobre la denuncia que harán pública mañana. En esa fecha, el Ejecutivo comunitario concluyó que las "vacaciones fiscales" de 1993, los tres regímenes de ayudas fiscales en vigor en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, eran incompatibles con el mercado común.
La Comisión Europea consideró entonces que la exención del impuesto de sociedades durante un periodo de diez ejercicios fiscales, que permitía el régimen vasco, no se ajustaba a las reglas comunitarias y que las autoridades españolas debían certificar que se recuperaban las ayudas que ya se hubieran concedido, las que estuvieran pendientes y suprimir estas exenciones. Desde entonces, sin embargo, y a pesar de los numerosos contactos mantenidos, las autoridades españolas no han respondido a los requerimientos comunitarios.
Ayudas de Estado
A juicio de la Comisión Europea, las medidas fiscales vigentes entonces en el País Vasco tenían carácter de ayudas estatales porque «se financiaban mediante fondos estatales, favorecían a determinadas empresas, falseaban la competencia y afectaban al comercio entre los Estados miembros», señalaron entonces. Además, al no haber sido notificadas, las ayudas pasaban a ser consideradas como «ayudas ilegales».
La Comisión Europea también consideró entonces que estas medidas fiscales eran ayudas al funcionamiento porque servían para descargar a las empresas de los costes que hubieran debido soportar en el marco de su gestión corriente o de sus actividades normales. Bruselas también concluyó tras el análisis pertinente que ninguno de los tres territorios vascos cumplía los requisitos para poder optar a ayudas regionales al funcionamiento. |
