Las cerca de 1,3 millones de personas del Estado español con problemas de dependencia, es decir, que no pueden valerse por sí mismos, deberán recibir una atención sociosanitaria por parte de la Administración, con prestaciones equiparables a las sanitarias, independientemente de dónde residan.
Este es el principio de acuerdo al que llegaron ayer el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos para poner en marcha el futuro Sistema Nacional de la Dependencia. Se trata de un principio de acuerdo, de carácter político, que deberá someterse a examen de los órganos de dirección de sindicatos y patronal a lo largo de esta semana. El Consejo de Ministros del próximo viernes informará de las líneas básicas del anteproyecto.
El principio de acuerdo alcanzado en el seno de la Mesa de Diálogo Social establece los elementos esenciales que deben configurar el Sistema Nacional de la Dependencia. En virtud del acuerdo, será una Ley de carácter básico y estatal que regulará las condiciones de acceso en términos de equidad en todo el Estado español.
A través de esta ley, se reconocerá un derecho de carácter universal para todos los ciudadanos, así como un catálogo de prestaciones económicas y de servicios (asistencia a domicilio, teleasistencia, centros de día...), dando prioridad a estas últimas. «Se trata de construir una auténtica red de carácter público», subrayó Fontecha.
El sistema tendrá un periodo de implantación progresiva, entre 2008 y 2015, y su coste ascenderá a 9.500 millones anuales (usuarios y comunidades autónomas ya aportan 1.500). La Administración General del Estado financiará la mitad del nuevo coste; unos 3.500 millones. Fuentes de la negociación estiman que las comunidades autónomas financiarán la otra mitad y el resto lo aportarán los ciudadanos en función de sus recursos y el coste del servicio. |
