La consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León, Silvia Clemente, pidió ayer a la ministra de Cultura, Carmen Calvo, que los documentos del Archivo de Salamanca que reclama Cataluña se mantengan en su sede actual hasta que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie y dicte una sentencia.
Clemente, que hizo estas declaraciones en un receso de la Conferencia sectorial de Cultura que se reunió ayer en Toledo, destacó que es «importante» que los documentos permanezcan en Salamanca, ya que cualquier decisión posterior del Tribunal Constitucional «en la que dictara la nulidad de los artículos y diera marcha atrás en el proceso legal, sería inútil e ineficaz si la documentación ya ha salido de allí».
En ese sentido, resaltó que, a partir del momento en el que la documentación salga de Salamanca y los particulares la tengan en su poder, «se perderá el rastro de dónde ha ido a parar».
La consejera se quejó de que Castilla y León se ha enterado por los medios de comunicación del día en que está prevista la salida de los documentos, el próximo 3 de enero, y consideró que éste no es el cauce de comunicación con el Gobierno regional.
«Si finalmente las prisas que tiene el Gobierno en esta cuestión le lleva a sacar los documentos atendiendo a los caprichos de Cataluña, deberá cumplir la Ley de Patrimonio Documental de Castilla y León que le obliga a comunicar la fecha y la hora de la salida de los documentos», apuntó.
La ministra responde
Por su parte, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, aseguró que no existe una fecha concreta para el traslado a la Generalitat de Cataluña de documentos del Archivo de la Guerra Civil en Salamanca, al tiempo que denunció la «invasión de competencias estatales» desde un partido «que está todo el día hablando de la unidad de España». «¿Es que es más nacional que un documento esté en Salamanca que en Barcelona? ¿Es que Barcelona no es España?», preguntó.
En rueda de prensa tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Cultura celebrada hoy en Toledo, Calvo, preguntada al respecto, alegó que ella no toma decisiones en las instituciones de Castilla y León porque no es su competencia, y que por tanto, nadie debe tomarlas en sustitución del Gobierno de la nación «cuando es él el que tiene esa facultad atribuida por las leyes». |
