El Gobierno español y el PSOE han presentado a los cuatro grupos parlamentarios catalanes que apoyan la reforma del Estatuto catalán un texto alternativo en el que no se contempla la definición de Cataluña como "nación" y que reduce a 18 el número de competencias exclusivas de la Generalitat.
En texto alternativo, al que ha tenido acceso "El País" y recogido por Europa Press, está compuesto por dos columnas, una con el contenido del texto que salió del Parlamento catalán y la otra con las propuestas del Ejecutivo.
Entre las alternativas del Gobierno, hay un espacio en blanco en el artículo referente a la definición de Cataluña como "nación", aunque en el resto sí ha suprimido el adjetivo "nacional" para referirse a esta comunidad. Además, define la condición política de ciudadano catalán como aquella de la que gozan "los ciudadanos españoles que tienen vecindad administrativa en Cataluña".
La propuesta socialista también suprime el principio de plurinacionalidad del Estado contemplado en el Estatuto catalán y opta por los de «bilateralidad, multilateralidad, coordinación y colaboración» para referirse a la relación entre Cataluña y el Gobierno.
En la propuesta del Ejecutivo se contemplan 18 competencias exclusivas y propone como compartidas 12 de las recogidas en el Estatuto catalán como exclusivas, entre ellas las relativas a cajas de ahorros, crédito y banca, ordenación del sector pesquero, publicidad y promoción de la competencia.
Entre ellas, el Gobierno mantiene como exclusiva la competencia de la Generalitat de convocar "audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular", quedando excluido el "referéndum".
Niega, asimismo, competencias exclusivas al Gobierno catalán en materia de educación, relaciones extracontracturales y contracturales, sobre seguridad nuclear, sobre la regulación de la retribución de la actividad de distribución y de régimen económico aplicable a la dotación de nuevos suministros y la designación del gestor de la red de distribución eléctrica, sobre los órganos jurisdiccionales y arbitrales en materia de deporte o para ejecutar la legislación estatal o comunitaria en cuestiones de vivienda y, en cuanto a transportes, la limita a la red viaria de no interés general.
Propone competencias compartidas en la mayoría de las referentes a actividades económicas como, por ejemplo, las referentes a cajas de ahorros, crédito y banca, ordenación del sector pesquero, publicidad o promoción de la competencial.
Respecto al catalán, el Gobierno socialista aboga porque todas las personas tengan derecho a utilizar las dos lenguas y los ciudadanos de Cataluña el deber de conocerlas. El deber de conocerla se mantiene para los catalanes pero se matiza para acceder al ejercicio de cargos judiciales.
Contempla, además, que no se podrá separar a los alumnos por razón de su lengua, aunque la reconoce como vehicular de la enseñanza universitaria y no universitaria. |
