El jefe de la Abogacía del Estado en la Audiencia Nacional, Manuel Pacheco, pidió ayer a los magistrados de la Sección Séptima de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia que levanten la medida «cautelarísima», decretada el pasado viernes, de paralizar el envío de documentos desde el Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, a la Generalitat de Cataluña, porque, en su opinión, en la práctica supone no aplicar la ley aprobada por el Parlamento español para restituir los documentos incautados durante la Guerra Civil al Gobierno catalán.
Los magistrados de la Sección Séptima, que acordaron la paralización del envío de documentos conforme solicitaba en su recurso el Ayuntamiento de Salamanca, comenzaron ayer a deliberar sobre si deben mantener o levantar la medida, tras escuchar las alegaciones del Consistorio y de la Abogacía del Estado en relación con el traslado de documentación del Archivo General de la Guerra Civil a la Generalitat. Los jueces disponen de un máximo de cinco días para decidir sobre la medida cautelar.
El fondo del recurso del Consistorio no se estudiará de momento por el tribunal, quien será el encargado de determinar la procedencia o no del traslado y si en todos los documentos enviados se cumple la ley de restitución de los expoliados. Por ello, la Abogacía del Estado destacó que el envío de documentos nunca será irreversible, si en algún caso se comprueba que se trata de escritos ajenos a la Generalitat.
Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Salamanca, que fue representado por el letrado José María Benavente, citó como testigos a los directores del Archivo General de la Guerra Civil Española, Miguel Ángel Jaramillo, y del Archivo General de Castilla y León, Carlos Travesí de Diego. Ambos admitieron su oposición a la ley de devolución de documentos.
Durante la vista celebrada, el abogado del Ayuntamiento recordó que el Archivo General de la Guerra Civil tiene su sede en el edificio San Ambrosio de Salamanca desde 1937, por lo que está legitimado para recurrir el traslado de documentos a la Generalitat, porque, en su opinión, se ha realizado sin respetar la propia ley 21/2005, aprobada por el Congreso de los Diputados para restituir al Ejecutivo catalán los documentos incautados durante la Guerra Civil.
En este sentido, el abogado del Estado Manuel Pacheco recordó que es a la Administración del Estado a quien corresponde la custodia de los documentos de la Guerra Civil.
El primer argumento del recurso es que sólo se pueden devolver los documentos pertenecientes a la Generalitat y a sus órganos dependientes, y se han trasladado documentos que no les pertenecen. |
