La organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) enviará hoy una carta certificada al alcalde de Bilbao «para que anule de oficio al menos 200.000 multas de tráfico tramitadas de forma incorrecta y que supondrían el pago total de 18 millones de euros por parte de los conductores sancionados», según han afirmado fuentes del colectivo.
La petición es consecuencia de una resolución del Tribunal Económico Administrativo de Bilbao (TEAB), un organismo interno jurídico de reciente creación, en la que se ha anulado el cobro ejecutivo de tres multas de tráfico por valor de 345 euros de un socio de AEA sobre las que el Ayuntamiento de Bilbao «nunca quiso pronunciarse expresamente».
La medida solicitada puede ser revolucionaria en la forma del cobro de las multas de tráfico en Bilbao, única ciudad en el Estado que lleva a cabo este procedimiento y por el cual también ha recibido varios requerimientos de rectificación por parte del Ararteko en sus últimos informes anuales.
Desde hace seis años
En concreto el procedimiento cuestionado desde hace unos seis años por esta asociación de defensa de conductores y otras similares consiste en lo siguiente. Cuando a un conductor le ponen una multa, sea de tráfico o de OTA, el Ayuntamiento tiene que notificárselo mediante una carta. Ante este documento cabe la posibilidad de alegar, ante lo cual el área de Circulación contesta dando la razón casi siempre al agente instructor con lo que la sanción ya se considera firme.
Ante ello, el ciudadano puede presentar un recurso y es éste el que nunca es contestado ya que en el documento previo se especifica que si el ciudadano no recibe contestación alguna en el plazo de un mes se entiende que cualquier recurso es desestimado. A continuación el área de Hacienda ejecuta la sanción vía ejecutiva con el recargo correspondiente y si no se paga, se puede llegar al embargo de bienes.
Según especifica el presidente de AEA, Mario Arnaldo, se pretenden cobrar unas sanciones «sin que se haya respetado el derecho de los automovilistas a recibir contestación expresa a los recursos planteados en su defensa».
Describía con un ejemplo penal que es «como si a una persona un juez decide ingresar en prisión, el afectado recurre y entra en la cárcel sin que la instancia correspondiente le responda en su recurso».
El TEAB especifica en su resolución que «la existencia de un recurso de reposición interpuesto contra la sanción, y no resuelto expresamente, impide que se tenga por firme la sanción y, en consecuencia, no posibilita el inicio de la vía ejecutiva para su cobro».
Mario Arnaldo especifica que «no sólo no habría que pagar esas 200.000 sanciones que calculamos tiene el Ayuntamiento en proceso sino que incluso, cuando lo soliciten los ciudadanos afectados, se tendrían que devolver los bienes embargados en el año anterior, el plazo de prescripción de estos expedientes». |
