EL GRUPO municipal del PSE denunció ayer, durante la Comisión de Asuntos Sociales, que un indigente falleció hace quince días en una lonja deshabitada en la capital arabarra. Según explicó el portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Gasteiz, Peio López de Munain, se trata de un vagabundo conocido por su conflictividad hasta el punto de que fue expulsado de la red asistencial del departamento que dirige Miguel Ángel Echevarría. Además, según parece, el fallecido sufría graves trastornos psíquicos. A juicio del edil socialista, el Ayuntamiento tendría que haber contactado desde los servicios sociales con Osakidetza para evitar este tipo de situaciones. Pero, para Echevarría la responsabilidad de este problema es, a nivel general, del Gobierno vasco porque «necesitamos» su «implicación más seria y más fuerte».
Así se lo trasladará el próximo 17 de febrero en un encuentro entre las administraciones. No obstante, el edil "popular" considera que este lamentable suceso es un caso «aislado» no vinculado a otros problemas. «No sólo es del Ayuntamiento la competencia, pero también debe dar respuesta porque tiene responsabilidades sociosanitarias», le recordó el edil del grupo municipal del PSE.
Pedro Anitua
No fue el único tema que se trató en la Comisión de Asuntos Sociales ya que el futuro del centro de Formación Especial Pedro Anitua, ubicado en el Paseo de la Senda, volvió a generar cierta polémica. El Ayuntamiento ha programado para el próximo curso el traslado de la veintena de alumnos que llenan sus aulas.
Su nuevo destino será el centro Ignacio Ellacuría. Un traslado que obedece, según explicó el concejal Fernando Aránguiz, al objetivo de «optimizar los recursos públicos». «Es un chalet muy grande y, la verdad, tener allá a doce alumnos nos parece un lujo asiático que no debería ser así», indicó. Máxime «cuando además tenemos otras instalaciones mucho más especializadas para acoger a este tipo de alumnos».
Finalmente, aunque también relacionado con Asuntos Sociales, la plataforma abertzale Gasteiz Izan criticó ayer que el reparto de un millón de euros para las Ayudas de Emergencia Social con carácter extraordinario «no garantiza una distribución solidaria y equitativa».
Además, a su juicio, se puede «caer en una arbitrariedad injusta en la medida en que el perceptor tenga más o menos empatía» con el trabajador social que se ocupa de su caso ya que decidirá, en base a su criterio, si recibirá las ayudas. |
