ANTE LA preocupación de las Naciones Unidas por el gran número de denuncias de torturas que se producen cada año en el Estado español, el anterior relator especial de la ONU para la tortura, Theo Van Boven, elaboró un informe al respecto tras una visita realizada en 2003 a Madrid y Euskadi. En el mismo aseguraba que ‘‘en la práctica, el sistema permite la ocurrencia de tortura o malos tratos’’, y que la tortura ‘‘no puede considerarse una mera fabulación y es más que esporádica e incidental’’. Incluía además una serie de recomendaciones al Gobierno central para atajar esta cuestión que, al parecer, no han obtenido el fruto deseado.
¿Cuál ha sido la reacción del Gobierno español al informe que elaboró en 2003, y que incluía una serie de recomendaciones para atajar el problema de la tortura en el Estado?
Parece ser que las autoridades españolas están en camino de aplicar una de las recomendaciones que se hicieron en dicho informe, la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención para la Prevención de la Tortura de la ONU. El protocolo en sí ya lo firmó en su momento el Gobierno español, y entiendo que su ratificación definitiva está próxima. Sin embargo, el resto de las recomendaciones que hice no han sido aplicadas.
¿Ha percibido un cambio de postura sobre esta cuestión con la llegada al poder del PSOE?
El Gobierno anterior rechazó de plano las recomendaciones y conclusiones contenidas en mi informe y, sin embargo, el Ejecutivo del PSOE sí ha respondido facilitando información de seguimiento sobre algunos de los puntos planteados en el mismo. Esta respuesta, sin embargo, no difiere demasiado de la mantenida por el Gobierno del PP.
¿Cómo está siendo la respuesta internacional al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura?
De momento, hay 16 países que lo han ratificado, lo cual no es mucho, teniendo en cuenta que las Naciones Unidas tienen alrededor de 190 estados miembros. El protocolo surgió en diciembre de 2002, y tres años después está claro que hay que hacer más esfuerzos para conseguir más ratificaciones. Hacen falta 20 adhesiones, es el mínimo necesario para que el protocolo entre en vigor, y esperamos que haya otras cuatro ratificaciones, incluyendo la de España, para finales de este año, con lo que quizá veamos completado ese mínimo.
Donde sí se han producido pasos es en Euskadi, con el Protocolo de Prevención de la Tortura en Dependencias de la Ertzaintza aprobado por el Gobierno vasco. ¿Cómo valora el mismo?
En primer lugar, debo decir que soy contrario a la incomunicación, y que me he manifestado repetidas veces por la abolición del sistema de detención incomunicada, ésa es una de las recomendaciones que realicé en su momento. Sin embargo, mientras se mantenga, debería ser cuanto más corto, mejor, sin exceder de 48 horas. Desafortunadamente, en el Estado español y el País Vasco, este régimen de detención incomunicada puede durar más. Respecto al protocolo que aprobó el Gobierno vasco, es un modesto paso hacia adelante, puesto que tiene algunas medidas en términos de control médico, contacto con los familiares y grabación audiovisual en comisaría, pero tengo entendido que no funciona de forma plenamente satisfactoria.
Entonces, todavía queda un trecho por recorrer en el caso de Euskadi...
El Gobierno vasco ha anunciado que va a mejorar el protocolo, puesto que la cuestión de las grabaciones no está completamente desarrollada, y se puede mejorar todavía en términos médico forenses, que el detenido pueda ser visitado por un médico de su confianza, o de acceso a un abogado, una herramienta fundamental para la protección del detenido. Es decir, hay espacio para mejorar el protocolo vasco. Todas estas recomendaciones ya se han hecho repetidas veces, y hubo un inicio de moverse hacia su aplicación por parte del Gobierno vasco pero, insisto, no es suficiente, debe ser reforzado. Aún así, el protocolo vasco está en una fase mucho más adelantada que en el resto del Estado.
Otro de los puntos destacados de su informe se refería al lugar de reclusión de los presos. ¿Es justificable el mantenimiento de la política de dispersión?
El encarcelamiento de las personas no es un fin en sí mismo, debe ser parte de una preparación para su reintegración en la sociedad. Con este fin, el contacto frecuente con la familia y amigos es muy importante, y el sistema de la dispersión incide de forma negativa, tanto en la reintegración de los presos en la sociedad como en el mantenimiento de sus relaciones familiares o afectivas. Éste es el motivo por el cual hice aquella recomendación contra la política de dispersión, y la pena es ver que no haya habido un seguimiento ni una aplicación de la misma, y comprobar que la política de dispersión continúa en vigor. |
