TRES DE cada cinco denuncias urbanísticas admitidas a trámite desde el comienzo de la legislatura del Parlamento Europeo en 2004 proceden de ciudadanos del Estado español, informó ayer el eurodiputado de Los Verdes-ALE David Hammerstein.
De las 24 denuncias admitidas a trámite, entre las que no se incluyen las denuncias acerca de las autovías, sino sólo las urbanísticas, 15 son de ciudadanos del Estado español, aunque la mayoría de ellas se han interpuesto de forma colectiva, resaltó Hammerstein.
El eurodiputado inauguró ayer en Madrid la mesa redonda "El escándalo urbanístico llega a Europa", celebrada en la sede del Parlamento Europeo, en la que también participaron la presidenta de Los Verdes, Margarida Rosselló i Pons, y el asesor jurídico de la organización en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Kjell Sevon.
El eurodiputado apeló por un derecho europeo «más fuerte» para luchar contra la especulación y contra los países miembros de la Unión Europea que vulneren las directivas de ordenación del territorio.
Asimismo, Hammerstein destacó la denuncia que los tribunales europeos han interpuesto contra el Estado español porque no ha traspuesto la directiva de Evaluación Estratégica de Planes y Programas.
Además, dijo, existen proyectos que deberían ser paralizados, como el llamado "Manhattan" de Cullera o el del Cabo de Gata, ya que, afirmó, están en contra de la Directiva de Hábitat.
El problema del Estado español, que permite hablar de una especificidad urbanística de este país, es la gran autonomía municipal en la gestión de proyectos, que impide que haya otros organismos supramunicipales, mientras que otros países europeos son más «conservadores» en este sentido.
A su juicio, los gobiernos socialistas han obtenido un «resultado perverso» con su decisión de liberar el suelo para luchar contra la especulación, materializado en un «urbanismo travesti», donde se entremezclan intereses públicos y privados. |
