Desde la última reforma del código penal, hace cinco años, los delitos de menores en el Estado se han incrementado un 366%, llegando a contabilizarse 22.039 en 2005, según datos del Ministerio de Interior. En la CAV, si en 2001 los tribunales vascos aplicaron un total de 411 medidas judiciales, el pasado año fueron 1.054. Lo que supone un aumento del 256,4%. La sensación de que los jóvenes son más violentos no es errónea, aunque la forma de expresión de las agresiones pueda cambiar como las modas.
¿Qué les pasa a los menores? Según los expertos, las explicaciones hay que pedirlas, en primer lugar, a la familia; y luego, a la sociedad, entendida como escuela, medios de comunicación y videojuegos, entre otros factores. Y los delitos que cometen pueden dividirse en tres apartados, según el ámbito donde se ejerce la violencia: en casa, en la calle y en la escuela.
En casa
La violencia intrafamiliar es la más desconocida de todas, pero el responsable de relaciones sociales del Ararteko, Fermín Barceló, advirtió ayer de que este fenómeno «novedoso» es cada vez «más preocupante», con más casos que llegan hasta los juzgados año tras año. «En 2005 incluso se registraron sentencias de internamiento, que es la medida más restrictiva, contra adolescentes que agredieron a sus madres. En el pasado, si estos casos existían, se desconocía». Según la última memoria del gabinete del Ararteko, el número de agresores en 2005 podrían elevarse a «un par de docenas».
El magistrado de la Audiencia de Araba Jaime Tapia, jurista especializado en legislación sobre menores, no se atreve a tildar de novedosa la violencia doméstica ejercida de hijos a padres, pero sí matiza que se aprecia un «descubrimiento» de ésta en los últimos años.
A todo esto, desde el Estado, los datos recopilados por el ex defensor del menor de Madrid y psicólogo de la fiscalía de menores, Javier Urra, añaden 6.886 denuncias (que no delitos) interpuestas por los progenitores hacia sus descendientes violentos, casi 2.000 más que en 2004. El 35% de los menores son hijos únicos, y «hay una chica por cada cinco chicos», explica en su último libro, "El pequeño dictador", pero todos tienen en común ser unos «expertos en el arte del chantaje emocional».
En la escuela
El caso de Jokin marcó un punto de inflexión no sólo en el País Vasco. Las voces de alarma saltaron en los centros escolares de todo el Estado, se multiplicaron los estudios sobre el tema y se produjo un ascenso de las quejas y denuncias de los padres de las víctimas. «Se juntaron dos elementos poco habituales, la sentencia no dice que se trate de un suicidio inducido, pero reconoce la situación de maltrato, lo cual aceleró el debate social», prosigue Barceló, quien apunta que, a pesar de que el bullying es un fenómeno tratado desde hace años por las instituciones, y de que no se registran más casos en las aulas a raíz de la muerte de Jokin en Hondarribia, sí reconoce que el gabinete del Ararteko ha tenido un volumen de quejas más grande de lo habitual.
«Lo deseado en esta situación es volver a remitir el conflicto al propio centro para que las cosas se resuelvan con naturalidad, siempre que sea posible», agrega. Su gabinete insta a solucionar el acoso entre iguales con los padres, los docentes y los compañeros. Un modo menos traumático para todos en una modalidad de agresión que sólo se basa en la «diferencia» de la víctima. «Si es más inteligente o menos, si es de otra etnia o un vecino...».
En la calle
Los hurtos y los robos con violencia son los delitos más habituales en los tiempos de ocio que los menores pasan en la calle, tanto en el Estado como en la CAV. Lo novedoso de este ámbito es cómo se ensañan. Una indigente quemada en Barcelona tras una segunda visita en la misma noche en el cajero donde dormía, agresiones grabadas con la cámara de vídeo del teléfono móvil, bandas juveniles como los Latin Kings y los Ñetas... De momento, muletilla que implica que posiblemente estos tipos de agresiones llegarán aquí -aventura Barceló, «porque las tendencias sociales hacen que aparezcan»- el problema en el País Vasco es la conducta. «No es lo mismo un robo en el que te niegas a darle el dinero y no pasa nada, a que te abran la cabeza».
Conclusiones
La franja de edad en la que se cometen la mayoría de delitos comprende «de los 16 a 18 años», afirma sin titubear Tapia. Alrededor de un 50% se «desjudicializan», encontrando soluciones al margen de las sanciones, mientras otro 30% se pena con prestaciones sociales. «El sistema penal no necesita ningún retoque, dan una correcta satisfacción a los delitos», procurando llevar al margen de los internamientos los que no precisan de un castigo tan severo que, además, aleja al menor de su entorno afectivo. Pero cuando no existe familia, o ésta está desestructurada, las medidas de protección de las Diputaciones resultan «insuficientes», añade el magistrado. Durante el pasado año, los pisos de menores y los cuatro centros repartidos por los territorios de la CAV acogieron a 137 menores que llegaron con una orden judicial.
Pero en todas estas cifras se abre un resquicio a la esperanza. Desde 2001 hasta 2004 se registró un aumento de entre 170 y más de 200 casos por cada año, hasta 2005, momento en que se aprecia cierta contención: si en 2004 se aplicaron 1.018 medidas, en 2005 fueron 1.054. "Sólo" 36 más. Y en el Estado, los delitos retrocedieron por primera vez en quince años un 5%.
En líneas generales, hay más casos. Y hay situaciones que antes no derivaban a tal grado de violencia. «Da la impresión que las agresiones han aumentado, y quizá sea así», razona Barceló, pero también quiere añadir que los momentos de conflicto se detectan antes, como en el caso del bullying, y que el debate social ante la violencia ejercida por los menores se ha activado. |
