El Gobierno de Filipinas insistió ayer en la necesidad de mantener el estado de emergencia nacional, declarado el viernes pasado por una amenaza golpista, para luchar contra «la anarquía y el desorden». El secretario de Información y portavoz de la Presidencia, Ignacio Bunye, aseguró que «hay medidas enérgicas contra la anarquía y el desorden, pero no contra las libertades», según el comunicado oficial emitido.
«La proclamación 1.017 (por la que se establece el estado de emergencia nacional) no es una herramienta para la opresión sino un escudo del Estado y la población contra el desorden y el uso sedicioso de las herramientas de la información pública para fomentar la desobediencia civil», aclaró Bunye. El portavoz oficial indicó que de no haber actuado el gobierno como lo hizo la conspiración golpista habría triunfado y «la nación estaría en llamas debido a las luchas por el poder de la extrema izquierda, los militares desorientados y los oportunistas políticos».
A la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, le acusan sus detractores de manipular las elecciones de 2004, en las que ganó un mandato de seis años. La Policía presentó el lunes cargos de rebelión contra 16 personas, entre ellas miembros de la oposición política y varios militares. El coronel Ariel Querubín, de la Infantería de Marina, uno de los personajes claves de los últimos días porque rompió la neutralidad de las Fuerzas Armadas en la crisis política que atraviesa el país y protagonizó una ‘‘asentada’’ con sus hombres el domingo, fue relevado ayer de su cargo. |
