«El Gobierno español no vulnerará la ley, tal y como como pretende hacer el Partido Popular»
Jordi Sevilla
Ministro Administraciones Públicas
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La trama de corrupción en Marbella no deja de deparar sorpresas, sean estas de tinte legal, político o simplemente de "crónica rosa".
Ayer, la defensa de la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, que ejerce el ex magistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, presentó un recurso contra su auto de prisión por nulidad de las actuaciones al amparo de que el instructor no tiene jurisdicción para el caso.
Fuentes jurídicas de la defensa aseguraron que se ha vulnerado el derecho constitucional del juez predeterminado por ley y que ello conlleva la nulidad del proceso, ya que el titular del Juzgado de Instrucción número 5, Miguel Angel Torres, no tenía jurisdicción para instruir el procedimiento.
Argumentan que el pasado 21 de setiembre del 2005 el juez Torres presentó un escrito en el que solicitaba no instruir más procedimientos debido a la complejidad de los abiertos, que pretendía ultimar antes de su traslado a Granada, en referencia, sobre todo, al caso de blanqueo de capitales "Ballena Blanca".
Pese a ello, el 12 de noviembre el instructor incoó diligencias por el "caso Malaya", en el que se investiga la supuesta trama de corrupción descubierta en el Ayuntamiento de Marbella. Las fuentes entienden que, al no ser competente Miguel Angel Torres para instruir el procedimiento, hay que excarcelar a su cliente por nulidad de todo lo actuado.
Restitución de patrimonio
Mientras, el Parlamento andaluz respaldó por unanimidad la disolución del Ayuntamiento y aprobó pedir a las distintas administraciones que los bienes y fondos incautados a los culpables de corrupción por las actuaciones judiciales se restituyan al patrimonio municipal.
Las medidas, aprobadas durante un intenso debate general, incluyen también reclamar al Gobierno la creación de una comisión mixta (Estado-Junta) para que colabore con la Comisión Gestora que se creará en Marbella una vez sea disuelto el equipo de gobierno. A pesar del acuerdo sobre la disolución del Ayuntamiento, la constitución de la gestora fue rechazada por el PP y el PA, que abogaron por el anticipo electoral, algo que rechazaron el PSOE e IU.
Populares y andalucistas exigieron también, sin éxito, que se devuelvan al Ayuntamiento las competencias urbanísticas tras las elecciones.
El Parlamento andaluz también pide, a propuesta del PP, que la Junta garantice el control urbanístico de Marbella y redacte y gestione el PGOU. También aprobó la Cámara la mayoría de las iniciativas de IU, una de las cuáles reclama al Ministerio del Interior la colaboración de Interpol en las investigaciones ante la «certeza de ramificaciones» de la trama de corrupción.
Durante el debate, el Gobierno andaluz anunció su intención de personarse en los procedimientos judiciales que se deriven de la "Operación Malaya" y que solicitará que los bienes incautados, estimados en 2.400 millones de euros, sirvan para restituir el daño patrimonial al Ayuntamiento.
Libertad bajo fianza y cárcel
El jefe de la Policía Local de Marbella, Rafael del Pozo, fue imputado ayer de varios delitos por el juez que instruye la "Operación Malaya" y quedó en libertad tras abonar una fianza de 20.000 euros, mientras que el empresario del sector de la publicidad Rafael Llopis fue encarcelado tras prestar declaración.
El propio Del Pozo confirmó a su salida su imputación «por una serie de delitos que no puedo revelar porque está bajo secreto de sumario», si bien su abogada, Regina Román, matizó que no está acusado «ni por cohecho ni por malversación».
El responsable policial, que declaró en la tarde de ayer durante cerca de cinco horas ante el juez Miguel Angel Torres, reconoció a los periodistas estar «disgustado» por lo ocurrido y que no esperaba «nada de esto», si bien dijo respetar la decisión judicial.
Antes de la comparecencia del jefe de la Policía Local, el magistrado envió a prisión al último detenido en la "Operación Malaya", Rafael Llopis, al que se acusa de un delito de cohecho en el que podría estar implicado algún miembro de la corporación marbellí.
Cabe significar que tras edfectuarse ambas declaraciones, las últimas por el momento, ya han sido encarcelados doce de los 24 detenidos -incluidos la alcaldesa, Marisol Yagüe, y dos miembros de su equipo de Gobierno-, y el resto ha quedado en libertad con cargos o bajo fianza.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía inició la investigación contra la corrupción -en la que trabajaron unos 300 agentes- hace cinco meses a partir del estudio del patrimonio del asesor de urbanismo Juan Antonio Roca y de la red de sociedades que había detrás de los bienes. |
