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El preacuerdo sobre el Estatuto del Funcionario estatal liga la retribuciónal desempeño
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El texto pactado regulará el trabajo de 2,5 millones de empleados públicos
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Europa Press Madrid
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El Gobierno español y los sindicatos CC.OO., UGT y CSI-CSIF alcanzaron ayer un preacuerdo global sobre el Estatuto del Empleado Público que contempla ligar la retribución al desempeño, y acabar con la temporalidad de los empleados públicos. Así lo anunció el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, tras analizar con los sindicatos el último borrador del Estatuto que «va a regular el trabajo de 2,5 millones de empleados públicos».
El Gobierno prevé enviar el Estatuto a las Cortes antes de julio, lo que «para que a principios de 2007 la normativa pueda entrar en vigor». Sevilla señaló que el Estatuto recoge «por primera vez condiciones laborales homogéneas para todos los empleados públicos, siendo siempre respetuoso con las competencias de cada comunidad autónoma».
El ministro resaltó que el reglamento contiene así un conjunto de condiciones para modernizar la función pública en España, «ponerla a la altura del siglo XXI y al nivel que necesitan los empleados», en aras a contar con funcionarios «motivados, formados, bien orientados y satisfechos con el trabajo que están realizando».
El ministro sostuvo que es un texto detallado que regula la carrera profesional, el código de conducta, las posibilidades de desempeño y la negociación colectiva en la función pública «como un elemento clave de mejora del servicio público».
Sevilla aseguró que los detalles de este documento se harían públicos a lo largo del día, aunque precisó que el borrador contempla el compromiso de marcar objetivos a los empleados y hacer un seguimiento, con lo que se retribuirá al trabajador público en función de su desempeño. En este sentido, puntualizó que «la evolución del desempeño no hay que verla sólo en el mal desempeño, sino en el buen desempeño, que también tiene que ser premiado».
Al preacuerdo le «queda un largo recorrido», ya que deberá ser aprobado por el Gobierno y discutido por las comunidades autónomas. |
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