El patrimonio inmobiliario y financiero de las compañías Fórum Filatélico y Afinsa asciende a 285 millones de euros, con lo que se podría hacer frente sólo a un 5% de los compromisos que por 5.600 millones de euros tienen adquiridas ambas compañías con sus 350.000 clientes.
Según se desprende de los datos de ambas sociedades, examinados por el bufete Iure-Abogados -uno de los que se ha personado en los concursos mercantiles que habrá sobre las compañías-, Fórum Filatélico es la compañía que mayor patrimonio tiene con 682 inmuebles tasados en 115 millones de euros.
Estos inmuebles, en su mayoría libres de carga o gravamen, se podrían revalorizar con el tiempo y se unirían también a una cartera de acciones o participaciones en otras compañías de Fórum Filatélico, que se sitúa en los 59 millones de euros. Entre estas participaciones se encuentran el 0,85% del Banco Pastor -unos 556.000 títulos de la entidad financiera- y el 0,80% de Enagás.
Todo ello podría sumar una cifra por encima de los 174 millones de euros, muy superior a los 111 millones de euros que suma el patrimonio inmobiliario y financiero de Afinsa.
Esta compañía dispone de inmuebles por un valor histórico de 60 millones de euros y acciones o participaciones en otras empresas estimados en 51 millones de euros.
Al margen de estos 285 millones que suman entre las dos empresas, en el seno de los procedimientos concursales que llevan los Juzgados de lo Mercantil número 6 y 7 de Madrid podrían surgir nuevas cantidades de dinero líquido que pudiese haber en las oficinas o las cámaras acorazadas de las sociedades.
Responsabilizan a auditores
Por otra parte, este despacho de abogados, uno de los que se encarga de la defensa colectiva de los afectados, responsabilizó a los auditores de ambas empresas de la presunta estafa filatélica. El presidente de Iure Abogados, Fernando González, aseguró que «las cuentas fueron falseadas» y que «los auditores no han realizado una labor exhaustiva tal y como establece la Ley de Auditoría y Cuentas y tal y como establecen las normas dictadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas».
Según Fernando González, «deberían de haber sido los auditores quienes hubiesen desvelado los presuntos agujeros patrimoniales y no haber esperado a que un tercero, en esta caso la Agencia Tributaria, hubiera abierto las puertas a tamaños desequilibrios».
Además, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha iniciado una investigación sobre «el vacío normativo existente respecto de las sociedades de inversión en bienes tangibles».
«De los últimos acontecimientos se evidencia que la protección de los inversores no sólo no es suficiente, sino que no existe coordinación institucional destinada a que dicha protección sea efectiva», aseguró ayer. Frente a esta situación, «la única opción posible es la confianza en los gestores, que, al margen de los controles que la legislación mercantil pueda establecer, no parecen encontrar barreras en el sistema para que las operaciones realizadas ofrezcan cierta transparencia pública antes de entrar directamente en sospecha de fraude».
Asimismo, critica que «la capacidad de un inversor medio de conocer el valor real de sus activos es prácticamente nula». |
