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28-05-2006
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Monopolizar el proceso de paz
Andoni O. Herrán
Lo dijo Harold Wilson en más de una ocasión: «En política, una semana puede equivaler a un siglo». El anuncio de Zapatero en el BEC el pasado domingo era de esperar. No ha sorprendido y además sabía dónde lo hacía y en qué momento (a punto de cumplirse casi dos meses de que ETA anunciara el alto el fuego permanente). Jugaba en casa, era su primer viaje a Euskadi con este nuevo escenario e incluso, con la puesta en escena perfectamente diseñada, daba la impresión de que el PSE quiso lucirse en público y exhibir músculo con la presencia del presidente del Gobierno en un acto de partido, todo hay que decirlo, y con un aforo de nueve mil militantes. Uno de los mítines más concurridos que se recuerdan en el País Vasco.

Con este escenario de fondo y con la información que maneja en privado, Zapatero se atreve hasta a poner plazos y vaticinar que el proceso tardará al menos «tres o cuatro años» en culminarse. El tiempo necesario para que cada paso que se dé «sea irreversible y en la buena dirección». Pero en medio de esa combinación que demuestra el presidente del Gobierno entre valentía y paciencia democrática, los mensajes que envía Batasuna son: primero, que se siente acosada y que si la Fiscalía -y los jueces, pese a su independencia del Ejecutivo- apuntan contra Otegi es por decisión del Gobierno; segundo, que los preparativos de la mesa de partidos que el lehendakari quiere conformar en Euskadi con la izquierda abertzale incluida se retrasa más de lo debido; tercero, que nada apunta por el momento a que Batasuna tendrá facilidades para acudir a las elecciones municipales y forales de mayo de 2007 en calidad de relegalizada, lo que favorecía probablemente al PNV y al PSE, y cuarto, algo que ya se ha cumplido: el Gobierno debe culminar el proceso de verificación.

A pesar de la prudencia que mantiene en público el Ejecutivo, fiel a su doctrina, es consciente de que en este proceso hay unos elementos externos de resistencia que más allá de que ralenticen o no su marcha, en ningún caso lo favorecen. Y como muestra varios botones: el entorno de Zapatero no oculta haber encajado con "sorpresa" y cierta contrariedad las exigencias de ETA en la entrevista publicada hace algo más de una semana. Tampoco contribuyen al optimismo del Gobierno ni el "escepticismo" de buena parte de la sociedad tras conocerse, por el CIS, que casi el 54% de los españoles tiene dudas de que el proceso de paz acabe en el fin de ETA; ni los ataques de kale borroka contra batzokis y sedes del PSE-EE, ni la frontal oposición del presidente de Navarra, Miguel Sanz, a cualquier gesto hacia la banda terrorista. De hecho, ahora más que nunca, la defensa que está haciendo del estatus de la comunidad foral, apoyada por el propio Rajoy, está gozando de gran repercusión.

Por si fuera poco, el PSOE no consigue despegar del PP en intención de voto pese a la euforia que vivió hace dos meses, cuando de una sola tacada sacaba pecho con el alto el fuego y daba por zanjados sus problemas derivados del Estatuto catalán, reabiertos ahora por la ruptura con ERC. Y dicho sea de paso, en todo este tiempo, el Gobierno ha respondido tarde y mal a posiciones de partidos catalanes que causaban alarma.

Las sensaciones actuales tanto del Gobierno como de Batasuna sobre el momento que vivimos apuntan a un estancamiento porque la presión judicial sobre la formación ilegalizada no cesa y el tiempo discurre sin que sus miembros perciban avances en su propósito de volver a las instituciones. Y especialmente, porque el Ejecutivo aún no quiere hablar ni del alcance de la exigida autodeterminación, ni de la mesa de partidos y menos de medidas de reagrupamiento de presos etarras como hiciera Aznar en 1998.

La duda para ETA ya no es cuándo pedirá autorización Zapatero al Congreso para negociar -prácticamente será un trámite en junio- sino hasta dónde será capaz de llegar el Gobierno, que no sólo no cuenta, por lo menos en público, con un respaldo entusiasta del PP, sino que además ha visto cómo durante estos dos meses las relaciones entre su presidente y Mariano Rajoy siguen muy frías y muy lejos de recomponerse. Y es en este sentido, donde Zapatero no puede caer en la tentación de monopolizar el proceso de paz. No puede convertirlo constantemente en un acto de partido. Debe saber desligarlo de su actividad como secretario general de los socialistas y buscar el mayor consenso posible dentro y fuera del Congreso de los Diputados. No debe percibir el consenso como un contravalor de la democracia, sino como una valiosa herramienta de trabajo. No le puede importar sólo los efectos colaterales que puedan tener las políticas que desarrolla. Que por otra parte no es más que marginar a la derecha. Y en este contexto, el PP debería modificar también actitudes mediante las cuales la ciudadanía pueda acabar pensando que su formación (y más concretamente, Acebes y Zaplana) desea que esto no salga bien.

Tal y como el propio presidente del Gobierno dijo en el BEC: su partido debe saber «compartir y reconocer la responsabilidad del proceso con las formaciones que tengan buena fe y remen para afianzar la paz». A priori, todas. Atrás deben quedar tentaciones como la de sacar partido al hecho de ser el único presidente en nuestro país con el que no ha habido muertos de ETA. Porque si no, corre un grave peligro y es, lograr que de la misma forma que un fenómeno tan grave como el terrorismo le llevó a Moncloa, dentro de dos años le eche de ella.
Rodríguez Zapatero en el acto del BEC del domingo pasado. Ruiz de Azua
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