EL PRESIDENTE del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, rotagonizaron ayer un bronca discusión en la primera jornada del Debate sobre el estado de la Nación focalizada en los problemas derivados de la inmigración y en las reformas estatutarias, aunque sin profundizar en exceso en esta última materia. En cambio, evitaron polemizar sobre la situación tras el anuncio del alto el fuego permanente de ETA. Las referencias a la encrucijada vasca fueron mínimas, a la espera de que en los próximos días se concrete la fecha del Pleno en el que Zapatero anunciará el arranque del diálogo con ETA una vez terminada la etapa de verificación.
A mediodía, en un discurso de hora y cuarto de duración, Zapatero se limitó a señalar que la sociedad española «se ha ganado el derecho al fin de la violencia, a la paz y a la esperanza de convivir juntos tan sólo sometidos a los mandatos de la libertad y de la ley». El jefe del Ejecutivo se reafirmó en su «determinación de trabajar para el fin de la violencia, para el fin de ETA» y, tras confiar en que «todos actuemos con generosidad porque a todos nos lo demandan los españoles», mostró su compromiso de hacer gala del «máximo diálogo para recorrer el camino de la paz».
Una vez reanudada la sesión a las cuatro de la tarde, Rajoy comenzó su discurso recordando el ya conocido posicionamiento de su partido ante el proceso de diálogo. Dijo estar «preocupado» por la forma en que Zapatero anunció, en la Fiesta de la Rosa del PSE-EE, su intención de dar por buena la verificación del alto el fuego y, en consecuencia, de iniciar las conversaciones con ETA. Hizo referencia al Pacto Antiterrorista y reconoció que es el Gobierno el que debe «dirigir la lucha antiterrorista para lograr la derrota de los criminales». El líder del PP agregó que «si existe una decisión irreversible de abandonar las armas, disolver la banda y pedir perdón a las víctimas», su formación «apoyará al Gobierno» en ese proceso. En cualquier caso, recalcó que el PP «no prestará su apoyo a ninguna clase de negociación que tenga como objeto pagar un precio político, bien sea a ETA, a sus cómplices o a sus sostenedores». En ese sentido, quiso dejar claro que ETA «debe perder toda esperanza de lograr ni uno solo de los objetivos por los que ha estado matando, entre otros la autodeterminación y la anexión de Navarra».
No hubo más menciones al anuncio de la organización armada del 22 de marzo y, mucho menos aún, al proceso político que debe abrirse en Euskadi a partir de otoño con la puesta en marcha de la Mesa de Partidos. No obstante, Rajoy sí instó al Gobierno a que no dé ningún resquicio a Batasuna para desarrollar su actividad política. En su opinión, el hecho del inicio de la verificación «no significa que se suspenda ninguna de las funciones del Estado de Derecho», especialmente «las que corresponden al Fiscal General del Estado y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni que pierda su vigencia la Ley de Partidos Políticos», por lo que Batasuna «no podrá presentarse a las elecciones mientras no cumpla los requisitos establecidos en la ley». En sus intervenciones posteriores, tanto CiU como ERC mencionaron la situación abierta en Euskadi y ofrecieron su colaboración al Ejecutivo en este terreno para conseguir llevar a buen puerto el proceso.
Dos Españas diferentes
La cuestión que generó un mayor nivel de crispación entre Zapatero y Rajoy fue la que atañe a las reformas estatutarias y, por consiguiente, a la propia estructura territorial del Estado. El líder del PP, que reprochó a Zapatero que no tenga «prioridades ni proyectos», advirtió de que el Ejecutivo ha lanzado la reforma territorial sin un proyecto definido, lo que, a su juicio, ha contribuido a «desfigurar la nación» y «desguazar la Constitución». En su réplica, el presidente del Gobierno acusó a Rajoy de «no tener ni idea de lo que realmente es España», que en su opinión debe reconocer «la pluralidad lingüística y política y no una mera descentralización administrativa».
La comparecencia de Rajoy estuvo salpicada de rifirrafes con el presidente del Congreso, Manuel Marín, por la duración de las intervenciones, ya que el máximo dirigente del PP pretendía hacer uso de la palabra en su réplica y en la dúplica al presidente del Gobierno por encima de los tiempos establecidos previamente por la Junta de Portavoces.
«Sea porque el señor Zapatero vive cautivo de los nacionalistas, sea porque piense que así perjudica más al PP», llegó a afirmar Rajoy, «lleva dos años intentando desbordar el dique de la Constitución». «La primera oportunidad» fue el nuevo Estatuto catalán, y «no quiso perderla», le espetó. En una de las intervenciones más duras que se le recuerdan, Zapatero alabó de forma irónica que el líder ‘popular’ haya pasado de decir que el Estatut iba a romper España a quedar en que es «ininteligible» y a que el PP «esté como loco por entrar en el Gobierno que va a gestionar el Estatuto» junto a CiU. El presidente recordó a Rajoy que las reformas estatutarias no pueden acordarse entre ellos dos, sino que deben hacerse por un consenso en el que el PP no ha querido estar. «Carod-Rovira era el que mandaba y ahora, paradojas de la vida, van a votar lo mismo en el referéndum», le dijo.
Una amplia mayoría de los informadores acreditados en el Congreso para seguir de cerca la evolución del Debate sobre el estado de la Nación, que se viene celebrando desde 1983, coincidieron en dar por ganador del mismo al presidente del Gobierno ante un Rajoy crispado, con un discurso repetitivo y empeñado en disponer de más tiempo para hablar. |
