Flexibilidad «El texto legal tiene márgenes de interpretación inevitables»
Gobierno «Debe mostrar coraje y responsabilidad en el proceso abierto»
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El alto el fuego de ETA constituye una nueva realidad social a tener en cuenta. Es la reflexión transmitida por los miembros de Jueces para la Democracia (JpD) que animan a valorar el nuevo contexto a la hora de tomar determinadas decisiones judiciales, tales como la adopción de medidas cautelares o la determinación de las penas. No en vano, la falta de riesgo de fuga o de reincidencia son factores a estudiar, tal y como recoge el Código Penal.
Es una de las conclusiones recogidas en los dos textos aprobados ayer por la asociación progresista de jueces, tras dos meses de intenso debate. En la misma línea, el documento aprobado en el seno de la XXI edición del congreso de este colectivo recoge una apuesta de los jueces por «contribuir a superar la fractura social». Lo hace aludiendo a los «márgenes a la interpretación inevitables, a veces importantes».
Eso sí, para evitar posibles suspicacias subrayan que existen unos márgenes «imposibles de rebasar por los jueces», en referencia a las leyes, que definen como «único criterio de toma de decisión, que nunca podremos desconocer».
Es por ello que se dirigen directamente a «las fuerzas políticas y nuestros gobernantes» a los que recuerdan que son los únicos competentes para adoptar medidas legislativas, penitenciarias y gubernativas «para lograr el recto encauzamiento del proceso de paz».
No en vano, en el texto aprobado en Gasteiz, los magistrados consideran que la situación abierta con la tregua de ETA «abre un campo fundamental al ejercicio de la política». Animan, pues, al Parlamento y al Gobierno a actuar con «responsabilidad y coraje».
«No ser obstáculo»
En pleno debate sobre el papel de los jueces en el proceso, la asociación Jueces para la Democracia quiere dejar clara su intención de «no ser obstáculo para que culmine con éxito», en alusión a la disolución de ETA «como banda armada» y al «cese irrevocable de toda actividad terrorista».
En este sentido, insisten en que los magistrados deben hacer «un ejercicio consciente y motivado de su función contribuyendo a la superación de la fractura social». |