«Pretender que el euskera se aborde sólo en la comisión mixtaes absurdo»
Edmundo Rodríguez
Magistrado de JpD
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TRES MAGISTRADOS de Jueces para la Democracia (JpD), Edmundo Rodríguez Achútegui, Manuel Días de Rábago y Ana García Orruño, han denunciado la «escasa sensibilidad en la apuesta por la normalización del uso de la lengua vasca en la Administración de Justicia» a raíz de una decisión de la comisión permanente de la Sala de Gobierno del TSJPV, que ha impedido que alguno de sus miembros esté representado en la comisión interinstitucional para la normalización del uso del euskera, al haberse creado una comisión mixta interinstitucional y al estar ya representados en esta última. Esta decisión fue ratificada por el Pleno del máximo órgano de Gobierno del alto Tribunal vasco,
En concreto, cabe significar que la comisión permanente la Sala de Gobierno decidió el pasado 17 de marzo que ninguno de sus miembros estuviera en la citada comisión, al considerar que la comisión mixta interinstitucional -en la que están miembros de la Judicatura y del Departamento vasco de Justicia- «es el marco más adecuado para analizar todos los temas lingüísticos, por lo que se dejará de participar en la creada exclusivamente para tratar el tema del euskera, a la que se estaba asistiendo».
Aunque el magistrado Edmundo Rodríguez Achútegui pidió que se revisara la decisión ante el Pleno de la Sala, este órgano la ratificó en su reunión celebrada el 5 de mayo, por lo que se presentó un voto particular en contra.
En el escrito, los tres miembros del Pleno discrepan del acuerdo mayoritario porque «el argumento que se utiliza no justifica la decisión de no acudir a la comisión interinstitucional para la normalización del uso del euskera en la Administración de Justicia. Que la Sala de Gobierno y el Departamento de Justicia tengan un foro de discusión específico, no impide acudir a otros en los que están involucradas numerosas instituciones», dicen.
Para Rodríguez Achútegui, García Orruño y Díaz de Rábago, esta cuestión, «y otras» tales como los medios materiales, los modelos informáticos, los edificios judiciales, el lenguaje de las comunicaciones judiciales, o la atención al ciudadano, «no atañen en exclusiva al Departamento de Justicia del Gobierno vasco y la Sala de Gobierno, sino que existen otros colectivos y diferentes instituciones implicados como fiscales, secretarios, forenses, funcionarios, representantes del IVAP, asociaciones de jueces o centrales sindicales». |
