Las familias residentes en la CAV tendrán que hacer frente a un nuevo canon por el gasto de agua de seis céntimos de euro por metro cúbico a partir de un consumo de 130 litros por persona y día que se sumará a la factura ordinaria. El objetivo del canon es impulsar infraestructuras hidráulicas, financiar iniciativas para ahorrar agua por parte de los municipios y preservar la calidad de las masas hídricas. La Ley de Aguas de Euskadi, aprobada ayer por el Parlamento vasco con los votos del tripartito y PSE, introduce esta nueva figura impositiva y establece también la creación de la Agencia Vasca del Agua como ente público de derecho privado encargado de desarrollar la política del agua en la CAV a través de los instrumentos de planificación contemplados en la norma y las obras hidráulicas de interés general.
La consejera de Medio Ambiente, Esther Larrañaga, destacó que la ley posibilitará una «nueva gestión integral del agua», en la que «se conciliará el uso y la protección del recurso» y subrayó que se trata de una ley «moderna y ambientalista», que incorpora los principios derivados de la Dirección Marco Europea. Larrañaga defendió el contenido de la ley, en especial el canon que, según dijo, busca lograr la «utilización racional» del agua, al tiempo que aseguró que, durante su tramitación parlamentaria, «hemos apostado por el diálogo y por la búsqueda del máximo consenso posible».
«Es una doble imposición»
En cualquier caso, la aplicación del nuevo canon no será inmediata, ya que la ley no entrará en vigor hasta dentro de seis meses, y quedará además a expensas del recurso contra el mismo que presentará el PP, que ha anunciado que recurrirá el proyecto ante los tribunales pidiendo la nulidad del canon al considerar que supone una «doble imposición» a los ciudadanos porque, a su juicio, obliga a pagar dos veces por el mismo consumo de agua. Los "populares" rechazaron de plano el texto al considerar que «invade y vulnera» las competencias de las Diputaciones Forales en materia de aguas.
El sindicato EHNE también censuró la ley al considerar que, «una vez más, es la agricultura la gran perjudicada con estos acuerdos y se trata de una Ley de carácter recaudatorio». El sindicato agrario sostuvo que el usuario de abastecimiento normalmente «no pagará nada» mientras las explotaciones agrarias con ese mismo nivel de consumo «pagarán entre 75 y 1.500 euros anuales, según el criterio del Gobierno en cada momento». En el caso de un consumo abusivo por ambas partes (estimado en el 50% del consumo medio) la cantidad satisfecha por quienes ejercen la actividad agraria oscilaría «entre 80 y 1.500 veces lo satisfecho por el uso doméstico».
EHNE señaló que la Ley «no establece una clara definición de usos ni un orden de relación entre ellos, contribuyendo a enmascarar los usos industriales dentro de los domésticos». «Igualmente, rebaja el nivel efectivo de participación de los usuarios en la gestión del recurso, comparando la estructura participativa de la agencia vasca del agua y la de las confederaciones hidrográficas», añadió.
Uso racional
PNV, EA y EB y PSE negaron que el nuevo canon vaya a suponer un quebranto para la economía de las familias vascas, ya que la exención de 130 litros por persona y día equivale aproximadamente al consumo medio y, en cualquier caso, la factura anual de un hogar se verá incrementada anualmente por término medio en «sólo cuatro euros».
El consumo doméstico de 130 litros por persona y día no es la única exención que contempla la ley. Otras son el uso de agua para extinguir incendios, la captación de agua marina en sustitución de agua dulce, el uso de agua para operaciones de investigación y control realizados por la Agencia Vasca del Aguas u otras entidades siempre que cuenten con la autorización de dicho organismo. La norma incluye asimismo algunas bonificaciones de hasta el 95% de las que se pueden beneficiar industrias e instalaciones agropecuarias siempre que utilicen «las mejores técnicas disponibles». |
