LA DIPUTACIÓN Foral de Bizkaia contará la semana que viene con 1.060 millones de euros procedentes de préstamos de entidades bancarias para acometer las obras de la "Supersur", que previsiblemente arrancarán la próxima primavera. Eusebio Melero, diputado de Obras Públicas y Transportes, declaró ayer durante la Comisión de Infraestructuras de las Juntas Generales de Bizkaia que «el apoyo de estos inversores demuestra su plena confianza en este proyecto, que liberará a la A-8 de una buena parte de la carga de tráfico que soporta en la actualidad».
El Banco Europeo de Inversiones aportará la mayor cuantía, 622 millones de euros, mientras que BBK y BBVA contribuirán con 131 millones de euros cada uno. El resto, hasta completar la cantidad total, proviene de otros como el BSCH, La Caixa, Caja Laboral o Banco Guipuzcoano. En base al modelo de financiación establecido, los créditos se concederán por un plazo de 30 años. Pese a este respaldo económico, el balance de la autopista Bilbao-Behobia arrojará resultados negativos en la próxima década debido a «la concentración de trabajos de mejora entre los años 2003 y 2013, como la creación de terceros carriles, la co-nexión con el Txorierri o los accesos al Hospital de Galdakao». Diputación cifró en 2,5 millones de euros la diferencia entre los ingresos por el canon de uso de la autopista y las inversiones que se realizaron el año pasado, mientras que 2006 se cerrará con 38,6 millones de euros de ingresos y unos gastos que alcanzarán alrededor de los 76,3 millones.
Polémico peaje
Al hilo de la cuestión anterior,la comisión también abordó la polémica en torno al peaje de la A-8, después de la sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anulaba la norma foral encargada de regular el destino de los cobros. Parte de estos ingresos se emplearían en financiar precisamente la construcción de la Variante Sur Metropolitana. Melero recordó que «la resolución no es firme, ya que está recurrida ante el Tribunal Supremo, y por esa razón no alteraremos nuestro calendario de trabajo».
Aunque el proceso se dilatará tres o cuatro años, «Diputación ha solicitado un aval de 327 millones de euros con los que cubrir una hipotética ejecución provisional de la sentencia».
Representantes de las diferentes fuerzas políticas plantearon la conveniencia de prever «una alternativa a la actual financiación por medio del peaje para que las obras no resulten afectadas en caso de que el supremo desestime el recurso», en palabras del portavoz de EA, Jesús María Doistua. Por su parte, Jesús Isasi, del PP, afirmó que «no hay plan B en lo que concierne a las carreteras ni para pagar a los ciudadanos», a lo que Ana Erreka, representante de EAJ-PNV contestó que «la diputación no está de brazos cruzados». |
