EL PLENO del jueves pasará a la historia de la vida municipal por muchos motivos, aunque algunos poco tienen que ver con las decisiones a adoptar en el Consistorio y sí con los incidentes acaecidos, que la oposición calificó de «muy graves».
El Ayuntamiento aprobó avalar la ubicación de Landarbaso para la planta incineradora, pero ayer eran otras cuestiones las que se trataban en la Casa Consistorial.
El portavoz del PNV, Xabier Ezeizabarrena, recordó -como lo hicieron los portavoces de PP y EA- que los grupos de la oposición habían manifestado su preferencia a que el tema de la incineradora se tratara en pleno ordinario, como en anteriores ocasiones.
Ante la negativa de Elorza reclamaron la adopción de medidas «para evitar que sucediera lo que ocurrió». «Lo de ayer fue una auténtica toma de La Bastilla», añadió el edil "jeltzale", que criticó los momentos vividos por «concejales acorralados» que se tuvieron que enfrentar «cara a cara» con las personas congregadas en el salón.
Ezeizabarrena aseguró que lo vivido el jueves puede calificarse como un episodio de «deslegitimación de la institución local», con la «connivencia» del Gobierno municipal que no adoptó las medidas previas requeridas.
Celebrar el pleno de forma casi «clandestina» con el edificio ocupado es, en opinión del edil nacionalista, propio de un «país bananero».
El concejal nacionalista criticó la actitud del PSE y de EB, en especial de este último grupo, y criticó que Ezker Batua -que había presentado una enmienda a la totalidad a la declaración socialista- quiera mantenerse en el gobierno «al precio que sea».
PNV llevará a pleno, vía interpelación pero sin descartar proponer una Comisión de Investigación, una serie de cuestiones en torno al dispositivo preparado ante una situación previsible.
Por último lamentó que gentes «de buena fe» que acudieron al pleno a manifestar su opinión se vieran envueltas en los incidentes.
María José Usandizaga, PP, calificó de «gravísimo» lo ocurrido en el pleno y expresó su confianza en que se «tomen las medidas» oportunas contra las personas que protagonizaron los incidentes. «Es lamentable que no se garantice, desde los responsables de la Guardia Municipal, la seguridad de los corporativos», añadió Usandizaga. «El que hizo lo que hizo, lo tiene que pagar», afirmó, asegurando que resulta incomprensible que los escaños de los cargos electos fueran «ocupados por los violentos».
Por último Jokin Ezkerro, EA, denunció «el secuestro» de concejales en el pleno, hecho que tildó de «vergonzoso». En opinión de EA, algo en lo que coinciden los otros grupos de la oposición, el alcalde, como máximo responsable de la Guardia Municipal; y el edil de Seguridad Ciudadana, Ernesto Gasco, deberían de valorar la posibilidad de «dimitir» por «consentir» la deriva de los hechos que provocaron peligro a los asistentes, incluidos los guardias municipales.
EA pedirá la comparecencia de los responsables para dirigirles una batería de preguntas en torno a dispositivos previstos, agentes disponibles o coordinación con la Ertzaintza, planteando abrir una investigación en torno a lo sucedido y revisando el protocolo de seguridad. |