 |
|
|
 |
Agentes de la Ertzaintza llevan detenido a Felipe Ampudia, secretario general de Sintrabi, tras la intervención en la sede de este sindicato. Reportaje fotográfico: Zigor Alkorta |
|
| MÁS INFORMACIÓN |
 |
|
|
 |
|
|
Detenidos 18 presuntos miembros del cártel de transporte que opera ilegalmente en el Puerto de Bilbao
|
|
El juez Del Olmo coordina una operación contra las posibles prácticas abusivas
|
 |
|
Cirilo Dávila Bilbao
|
 |
EL JUEZ Juan del Olmo, titular del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, y en coordinación con la Ertzaintza, ordenó ayer la detención de una veintena de personas en diferentes localidades de Bizkaia como presuntos integrantes del cártel ilegal de transporte que opera en el Puerto de Bilbao. La Ertzaintza detuvo a 18 personas, mientras que aún quedarían dos pendientes al encontrarse estas personas de viaje. La intervención del juez es la respuesta a las investigaciones abiertas tras la denuncia presentada por el Gobierno vasco por las supuestas prácticas delictivas en este recinto, obstaculizando la libre competencia.
Entre los detenidos figuran empresarios como Mitxelo Agirre y José María Egurrola, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores del Puerto de Bilbao. Esta asociación se apresuró ayer a responder con una nota en la que calificaba sus detenciones como «totalmente injustas y desproporcionadas». Entre los detenidos también figuran miembros destacados del Sindicato de Transportistas Autónomos de Bizkaia (Sintrabi), así como representantes de otras empresas comercializadoras.
Los detenidos serán previsiblemente trasladados mañana domingo a Madrid para prestar declaración ante el juez. Las detenciones podrían extenderse a Cantabria. «Es una intervención puntual sobre determinadas personas y que nada tiene que ver con el colectivo de transportistas del Puerto, que realiza impecablemente su trabajo en el recinto», dijeron a este periódico fuentes próximas al proceso.
La actuación de la Audiencia Nacional responde al traslado que sobre la denuncia presentada por el Gobierno vasco llevó a cabo el Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo, donde se presentó en primera instancia. En las diligencias previas, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco consideró que la dirección Sintrabi habría cometido un presunto delito de asociación ilícita y otro contra los consumidores, ambos recogidos en el Código Penal, al alimentar un sistema irregular de contratación de camiones en el Puerto de Bilbao, en el que imponen no sólo las tarifas, sino también quiénes pueden entrar y quiénes no a realizar los trabajos de carga y descarga.
La denuncia es producto de una investigación desarrollada por la Fiscalía durante algo más de ocho meses, en colaboración con la Ertzaintza que ha realizado tareas de Policía judicial. El Departamento de Transportes impulsó una acción decidida en favor de la libre competencia y que brilla por su ausencia en el Puerto de Bilbao, a tenor de una sentencia de la propia Audiencia Nacional, a instancias del Tribunal de Defensa de la Competencia. El Ejecutivo vasco ha considerado que en este asunto puede existir también un presunto delito de extorsión, coacciones y amenazas. El texto de la denuncia indica que Sintrabi tiene acuerdos con las empresas comercializadoras para regular y controlar el transporte de mercancías por carretera que entra y sale del Puerto. Se aplica así un "numerus clausus" donde la organización "vela" para que se mantenga como coto cerrado.
Según las investigaciones, este control se ejerce sin fisuras en el segmento de contenedores y se ha tratado de aplicar también en el de mercancía general y transporte de materias peligrosas. «El control se lleva a cabo en muchos casos mediante prácticas coactivas, que ejerce a través de sus miembros, que impiden que toda persona ajena al referido sindicato pueda trabajar cargando las mercancías que llegan al citado puerto y transportarlas a su lugar de destino, por un lado, y fijando los precios y las condiciones del transporte, por otro», apunta la Fiscalía.
Estas detenciones llegan en un momento, además, de reorganización en este sector. Ayer por la tarde se reunía la comisión ejecutiva de la Mesa para la Competitividad para abordar este nuevo panorama. |
|