El titular de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, José María Iruarrizaga aseguró ayer que «la reforma del impuesto de la Renta está cerrada al 99%», algo parecido a lo que ocurre con los cambios futuros en el impuesto de Sociedades aunque en este caso apostilló «resta por concretar el tipo». Unas reformas que las Juntas Generales de Gipuzkoa acordaron por unanimidad que tan sólo puedan ser recurribles al Tribunal Constitucional.
El responsable foral vizcaino no quiso realizar más valoraciones después de que ayer el diputado general de Araba, Ramón Rabanera, y su responsable de Hacienda, Juan Antonio Zarate, desvelaran algunos de los entresijos de la reunión que el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) celebró el martes en Gasteiz.
En concreto dieron a conocer que en el IRPF el límite máximo de desgravación por la compra de un piso pasará de 27.000 a 30.000 euros como consecuencia del aumento del precio de las viviendas en los últimos años.
Iruarrizaga mostró su rechazo a airear los detalles de la reuniones de la OCT antes de que se cierre el acuerdo y lo presenten las tres diputaciones y el Gobierno vasco, instituciones presentes en este organismo. Indicó que «muchos de las propuestas que se han aceptado han sido puestas encima de la mesa por la Hacienda de Bizkaia y no vamos explicándolas por ahí en solitario, no es nuestro estilo».
Aseguró que «ya casi todo está consensuado» refiriéndose tanto a la reforma del impuesto del IRPF y el de Sociedades, e indicó que está prevista una nueva reunión para la próxima semana del OCT donde con toda probabilidad se cerrará ya la reforma impositiva que afectará a las declaraciones de renta que se realicen en 2008.
Por otra parte, las Juntas Generales de Gipuzkoa acordaron ayer, por su parte, pedir a los grupos parlamentarios del Congreso que introduzcan las modificaciones legislativas necesarias para que las normas forales sólo puedan ser recurridas ante el Tribunal Constitucional.
PNV, EA, PSE-EE, PP, Ezker Batua y Aralar, que han votado esta propuesta tras debate de las mociones presentadas al pleno de Política General de Gipuzkoa, pretenden restringir con esta medida la posibilidad de que se impugnen estas normas, en especial las relacionadas con la fiscalidad vasca.
La necesidad de «blindar» la fiscalidad vasca se ha puesto de manifiesto en otras ocasiones en la cámara guipuzcoana como consecuencia de las decisiones judiciales que han suspendido varios artículos de estas normas. El pasado año, las Juntas se sumaron a la iniciativa del Parlamento Vasco de presentar una proposición de ley en las Cortes Generales para modificar las leyes orgánicas del TC. |