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Derechos colectivos y puerto de Bilbao
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Jorge Arrondo
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Dice el autor que tras las detenciones en el Puerto de Bilbao, algunas instancias han querido hacer un totum revolutum con el problema general de los transportitas autónomos
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El viernes 29 de septiembre se aprobó en el Consejo de Ministros el informe del Anteproyecto de la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo.
Aunque se trata de un texto insuficiente, tanto por lo social como por lo territorial, es indudable que se trata de un gran paso adelante en el reconocimiento de los derechos del conjunto de los trabajadores autónomos en general y de los autónomos dependientes en particular, es decir, de aquellos autónomos cuyos ingresos dependen de un principal.
En concreto, entre otros aspectos, en el Anteproyecto se recoge, aunque con otras palabras, el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores autónomos dependientes, porque se reconoce que no existe una igualdad de posición entre las partes, lo que les confiere una similitud con los trabajadores asalariados. Todo ello, se dice, con respeto a las normas de Competencia.
Se trata, sin embargo, de dos normas de difícil conciliación:
- Una de ellas supone un principio de protección de derechos para esa parte indefensa y, en ese sentido, establece un campo de juego de las relaciones socioeconómicas entre las partes.
- Otra de ellas permite de modo discrecional a órganos administrativos la determinación de mínimos de competencia pero, en la realidad, en ningún caso de máximos tales como estrategias de mercado ultra agresivas, o con precios de mercado por debajo de coste... En definitiva, no tiene ningún problema con las expresiones más duras de un capitalismo y/o economía de mercado que, de modo general, se admite que no llevan a soluciones satisfactorias desde el punto de vista social, haciéndose necesario la intervención pública para moderar esos excesos.
Ese mismo día 29 de septiembre, la Audiencia Nacional de Madrid decide detener a 18 personas imputándoles delitos tales como extorsión, cohecho... Entre ellos, dirigentes de Sintrabi, de agencias comercializadoras de transporte, consignatarios y estibadores. Se trata de una cuestión privada paralela que ya veremos dónde termina. Lo grave es que desde algunas instancias se ha querido hacer un "totum revolutum" de ello con el problema general de los transportistas autónomos del Puerto.
Pero, cuestión aparte, y bastante diferente, es la situación de los intereses de la multitud de transportistas que trabajan en el Puerto de Bilbao. Se trata de un grupo de trabajadores a los que la indefensión y la falta de reconocimiento legal de sus derechos, obligó en su momento a plantarse y a reivindicar su derecho a la misma negociación colectiva que ahora se les reconoce.
Ya se sabe que la ley siempre va por detrás de la realidad social, por más que algunos políticos se quieran apuntar las medallas (en éste u otro caso), pero no estaría de más que desde todas las partes que incidimos en el Puerto de Bilbao, instituciones incluidas, nos pusiéramos de una vez por todas a sentar las bases de funcionamiento del mismo, de establecer un marco social en el que se pueda fundamentar la competencia, que, entre otras cosas, respete el derecho al puesto de trabajo de los transportistas autónomos y a unos ingresos dignos para ellos y sus familias, como dice el artículo 35 de esa misma Constitución de la que algunos hablan tanto y tan poco respetan.
Jorge Arrondo es miembro del comité ejecutivo del sindicato EGAS |
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