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Una reacción oportuna
EL GOBIERNO VASCO, POR BOCA DE su vicelehendakari, Idoia Zenarrutzabeitia, respondió ayer con firmeza a la decisión del TSJPV de tramitar la querella penal contra Ibarretxe que en su día interpuso el Foro Ermua, por reunirse con representantes de Batasuna en el marco de la ronda de contactos que estableció con todas las formaciones políticas. Es probable que las palabras de la vicelehendakari, advirtiendo de que «no les saldrá gratis» el encausar al lehendakari de Euskadi, serán interpretadas desde algunos sectores interesados, poco menos que como una amenaza por la dureza de la expresión. Pero llegados a este punto es hora de que las cosas se digan con la contundencia debida para que queden lo suficientemente claras. En cualquier caso, la frase de Zenarrutzabeitia tiene la virtud de poner encima de la mesa una realidad incuestionable: la decisión del TSJPV pone en tela de juicio la capacidad política del lehendakari y se entromete hasta poner en serio peligro la tan cacareada división de poderes.
A ESTAS ALTURAS, EL TSJPV YA acumula un considerable listado de actuaciones que entorpecen no sólo cualquier movimiento de cara a encontrar una salida al conflicto sino el propio desarrollo del autogobierno vasco; un listado que por prolijo y de sobra conocido no hace falta recordar. Habrá que preguntarse qué es lo que impulsa a este Tribunal a fallar siempre en una determinada dirección, ya sea si se trata de un tema relacionado con el euskera, con el Concierto Económico, o con una actuación de la Mesa del Parlamento vasco. Hace demasiado tiempo que en este país se judicializó la política y se politizó la Justicia y no se ve la manera de abandonar esos modos al menos a medio plazo. Hace apenas unas horas el fiscal general del Estado ha manifestado que la Justicia no está ni para favorecer procesos políticos ni para obstaculizarlos. Trasládese la idea a la realidad diaria de los tribunales para comprobar si existe coincidencia alguna.
El defensor "popular"
EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS debatirá una iniciativa de IU para reprobar y cesar a Enrique Múgica Herzog, que tiene el cargo de Defensor del Pueblo aunque rara vez ha ejercido como tal. La Mesa del Congreso acordó ayer tramitar la iniciativa gracias al apoyo socialista. Sin embargo, la propuesta no saldrá adelante porque el PSOE no la votará a favor cuando se trate en la Comisión parlamentaria. No se entiende la actitud del partido de Zapatero en este muy personal caso de Múgica. Este guipuzcoano de nacimiento no sólo no está ejerciendo de aquello para lo que le nombraron, sino que está llevando a cabo una oposición al PSOE alineándose en las cuestiones importantes con el PP. Ahora ha sido su recurso contra el nuevo Estatut catalán, en una evidente extralimitación de sus funciones como "ombudsman". Pero antes fueron su preocupación por la enseñanza del castellano en las comunidades bilingües, su activa oposición al entendimiento entre ETA y el Gobierno español o sus críticas a Ibarretxe por plantear la necesidad del diálogo, por citar sólo unas pocas joyas. Múgica no tiene la valía política para ocupar un puesto en el que debe defender los intereses de los ciudadanos. El PSOE debería dejar de hacer concesiones al PP y apoyar la iniciativa de IU para cesarlo. |
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