El gobierno vasco no esperará con las manos cruzadas a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que decidió instruir la querella penal contra el lehendakari por reunirse con representantes de Batasuna. Anuncia que tomará medidas «jurídicas y penales» para restablecer los derechos fundamentales de Juan José Ibarretxe y advierte de que «no va a resultar gratuito encausar al lehendakari de Euskadi».
En su reunión semanal, el Consejo de Gobierno analizó la «situación excepcional» creada tras la decisión judicial de iniciar la fase de instrucción contra Ibarretxe por un presunto delito de desobediencia a la sentencia que declaraba ilegal a Batasuna.
El enfado del Gobierno vasco quedó demostrado con la solemnidad de la comparecencia posterior al Consejo. No en vano, esta vez fue la vicelehendakari, Idoia Zenarrutzabeitia, acompañada de los consejeros Joseba Azkarraga (EA) y Javier Madrazo (EB), la encargada de trasladar la postura del Ejecutivo.
No es para menos. De hecho, Zenarrutzabeitia se refirió a la «enorme gravedad» que supone la decisión del TSJPV, al entender que «atenta directamente contra la división de poderes». «Los derechos fundamentales del lehendakari para ejercer su acción política están rotos y en suspenso», lamentó la vicelehendakari, quien recordó que «es la primera vez que se atreven a dirigir esta violación contra la máxima autoridad del país».
Es más, a juicio del Gobierno vasco, habrá «consecuencias negativas» a esta decisión. No en vano, adelanta que «se genera un conflicto institucional de la máxima gravedad porque no hay un sólo argumento jurídico que la avale».
Es por ello que Zenarrutzabeitia anuncia que tomará las iniciativas necesarias para «rescatar el derecho del lehendakari a hacer política y a superar el veto al diálogo político». No en vano, la causa penal contra Ibarretxe no impedirá que continúe reuniéndose con los representantes de todas las sensibilidades políticas, incluida la izquierda abertzale. «Cada uno debe ser responsable de sus actos y decisiones, y este Gobierno sigue defendiendo la necesidad del diálogo necesario para lograr la paz y la normalización política», concluyó la vicelehendakari.
La respuesta del PP no tardó en llegar. Su secretario general en Euskadi, Carmelo Barrio, acusó al Ejecutivo de Ibarretxe de «presionar a la justicia». Una actitud que tildó de «antidemocrática», al entender que «confunde la separación de poderes».
«El Gobierno vasco no entiende que los tribunales están para hacer cumplir las leyes y eso lo lleva muy mal», añadió Barrio. |
