El tribunal popular del caso por el crimen de Ofelia Hernández declaró ayer culpable de los delitos de asesinato, violencia doméstica habitual y quebrantamiento de condena a su ex pareja sentimental, Felipe A., que se enfrenta a penas de entre 17 y 24 años de cárcel.
El jurado, compuesto por nueve personas y dos suplentes -siete hombres y cuatro mujeres en total-, permanecía incomunicado desde las siete de la tarde del jueves y precisó de 24 horas para llegar a un acuerdo.
Su veredicto fue implacable: culpable de todos los cargos que le imputaban tanto la Fiscalía y como las acusaciones: asesinato, quebrantamiento de condena por una orden de alejamiento que estaba vigente cuando se cometió el crimen, y violencia doméstica habitual.
Aunque ha tenido en cuenta el atenuante de reparación parcial de daños, por 36.000 euros que Felipe A. ingresó diez días antes del juicio a nombre de sus hijos -Cristian, que tenía 11 años cuando murió su madre, y María, de 4-, ha desestimado el resto de las que había solicitado la defensa en el asesinato: ni la eximente completa de trastorno mental transitorio, ni las atenuantes de trastorno límite de la personalidad y drogadicción, arrebato u obcecación, ni el arrepentimiento.
Además, establece como agravante el parentesco que le unía a la víctima, que falleció el 16 de enero de 2005, un día después de que le asestara una cuchillada delante de sus hijos, y la reincidencia en el delito de quebrantamiento del alejamiento.
El acusado Felipe A., que había permanecido prácticamente inmóvil durante las cuatro jornadas de la vista oral, sin apenas levantar la vista del suelo, mostró ayer, antes de la lectura del veredicto, cierto nerviosismo, llevándose la mano al cuello en repetidas ocasiones y mirando tanto al jurado como a los presentes en la sala. Durante la lectura del mismo, sin embargo, apenas mostró ninguna emoción e incluso se despidió con un "hasta luego" al salir de la sala.
Tomando en cuenta la atenuante de reparación de daños, el Ministerio Fiscal rebajó su petición de cárcel de 20 a 17 años y 6 meses por el delito de asesinato, manteniendo los tres por el maltrato y uno por el quebrantamiento. Asimismo, solicita que se le impida acercarse o comunicarse con sus dos hijos durante 33 años, y una indemnización de 86.516 euros para cada uno.
Las acusaciones particulares, ejercidas por el Ayuntamiento de Durango y la Asociación Clara Campoamor, mantuvieron las mismas penas: veinte años por el asesinato, tres por el maltrato y uno por el quebrantamiento, y pidieron la jueza que en su sentencia haga prevalecer el agravante de parentesco frente al atenuante de reparación parcial del daño.
Las abogadas de las acusaciones, Nerea Sologaistua y Ana Palacios, se mostraron «muy satisfechas» por el veredicto y consideraron que «ha imperado el sentido común». |
