La Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) acordó ayer, por unanimidad, solicitar informe de la Abogacía del Estado sobre la legalidad del acuerdo adoptado por el Consejo del Gobierno vasco del 26 de septiembre de 2006, en el que decidió quitar el piso a los máximos representantes de la Judicatura y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma Vasca.
El órgano de Gobierno analizó, en su reunión de ayer, la decisión del Gabinete Ibarretxe de suspender la cesión de uso de cinco pisos de su propiedad ocupados por el presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, la fiscal-jefe del alto Tribunal vasco, María Ángeles Montes, la presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Ana Iracheta, y los máximos responsables del Ministerio público en las Audiencias de Álava y Gipuzkoa, Jesús María Izaguirre y Jaime Goyena, respectivamente.
La decisión del Ejecutivo se ha dado a conocer cuando se instruye en la Sala Civil y Penal del TSJPV la causa contra el lehendakari por supuesta desobediencia al reunirse el pasado mes de abril con Batasuna.
Por su parte, la Comisión de la Sala Gobierno del alto Tribunal vasco ha decidido pedir un informe a la Abogacía del Estado sobre la legalidad de esta medida, en el que se analice la competencia del Consejo de Gobierno para la adopción del acuerdo, la existencia y regularidad del procedimiento seguido por el Consejo de Gobierno para la adopción de la decisión, y «la conformidad a derecho del contenido de fondo del acuerdo, incluido el contraste en cuanto al vicio de desviación de poder».
Acuerdo
El órgano de Gobierno del alto Tribunal vasco ha reclamado este informe después de haber «tomado en conocimiento» el acuerdo adoptado por el Ejecutivo vasco, que «deja sin efecto el punto primero del Acuerdo de 23 de noviembre de 1988, del Consejo de Gobierno sobre actuación y uso de viviendas instaladas en edificios judiciales adquiridos por la Comunidad Autónoma en virtud del traspaso de funciones en materia de Administración de Justicia y establecimiento del líneas de crédito, interés subvencionado para la adquisición de vivienda habitual del País Vasco».
Aunque las viviendas referidas, en un principio, se encontraban dentro de las sedes judiciales, al transferir esta competencia a la Comunidad Autónoma, los pisos se ubicaron fuera de estos edificios.
El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, pidió ayer «que en estas cuestiones se sea serio y no se intente utilizar políticamente decisiones que son lógicas y correctas» y no una «venganza por nada».
Además, el consejero explicó que la decisión la tomó el Ejecutivo vasco el pasado 26 de septiembre y fue «de índole interno», por lo que «tampoco era necesario transmitirla públicamente», aunque reconoció que, como cualquier decisión del Consejo de Gobierno, «es un acuerdo público». |
